Aquiles Álvarez acusa al MIT de querer quedarse con USD 355 millones del nuevo aeropuerto.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció que el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) intenta liquidar la Fundación Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) y quedarse con alrededor de USD 355 millones que están destinados a la construcción del nuevo aeropuerto en Daular y a sus obras complementarias. Según el burgomaestre, estos recursos pertenecen a los guayaquileños y el Gobierno, al no tener dinero, busca apropiarse de ellos.
Álvarez explicó que en noviembre el MIT envió tres oficios a la AAG, amparándose en la Ley de Transparencia Social aprobada en agosto. En esos documentos, el Ministerio anunció que iniciaría un “control del funcionamiento” de la Fundación y le ordenó abstenerse de firmar nuevos contratos, bajo el argumento de que las competencias aeroportuarias son del Gobierno Nacional. Además, dispuso a la fiduciaria que administra 345,6 de los 355 millones que ignore cualquier instrucción de la Fundación Aeroportuaria.
El alcalde enmarcó este conflicto dentro de la disputa más amplia con el Gobierno de Daniel Noboa por la ubicación del futuro aeropuerto. Recordó que la terminal está planificada en Daular y debería empezar a operar en 2031, cuando finalice la concesión con Tagsa. Sin embargo, el presidente Noboa ha planteado que el aeropuerto podría instalarse en Taura, en la parroquia Naranjal, argumentando que así se beneficiaría también a ciudadanos de Cuenca, Loja y Machala y que la distancia sería similar a la de Daular, pero con menos tráfico.
Ante este escenario, Álvarez anunció que iniciará acciones legales contra los funcionarios del MIT involucrados, entre ellos el coordinador general de Asesoría Jurídica que ha firmado los oficios enviados a la AAG. También advirtió que el Municipio utilizará vallas publicitarias en Guayaquil para colocar los rostros de los funcionarios del MIT que, a su juicio, intentan frenar la labor de la Autoridad Aeroportuaria, replicando la estrategia que —recordó— se usó en Quito contra jueces de la Corte Constitucional.
