Oficialismo añade reformas de Solidaridad e Integridad a Movilidad Humana.
La Asamblea Nacional aprobó este 22 de octubre de 2025 las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, con 88 votos a favor, en medio de críticas de la oposición. La norma, impulsada por el oficialismo y tratada en la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por la asambleísta Lucía Jaramillo, busca endurecer los controles migratorios y fortalecer la seguridad interna del país.
Jaramillo, ponente del proyecto, explicó que el objetivo es diferenciar entre migrantes legales y delincuentes que se amparan en figuras como el refugio o el asilo. Según dijo, la ley actual “protege más al delincuente que al ciudadano honesto”, y por eso las reformas incluyen tres ejes principales:
- Optimización del control migratorio, con nuevos requisitos y procedimientos.
- Fortalecimiento institucional, que asigna a la Subsecretaría de Migración el control total de entradas y salidas del país.
- Protección de los ecuatorianos en el exterior, para reforzar su atención consular.
Uno de los puntos más polémicos fue la inclusión de artículos de las leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública, que fueron previamente declaradas inconstitucionales. Legisladores del Partido Social Cristiano (PSC) y del correísmo denunciaron que esta incorporación vulnera el debido proceso legislativo.
El asambleísta Alfredo Serrano (PSC) afirmó que “se repite el error de aprobar normas sin la deliberación necesaria”, mientras que Ledy Zúñiga (RC) recordó que Ecuador debe respetar los tratados internacionales y los derechos humanos.
Entre los principales cambios aprobados destacan:
- Todo extranjero que solicite una visa deberá presentar sus antecedentes penales y demostrar que no representa una amenaza.
- Se crean procesos expeditos de deportación, que deberán resolverse en un máximo de 24 horas.
- Se permitirá la expulsión de extranjeros sentenciados, sin importar si la condena supera o no los cinco años.
- Se aplicará la deportación por riesgo o amenaza, cuando existan informes de autoridades competentes que indiquen peligro para la seguridad nacional.
Tras la aprobación, el proyecto pasa al Ejecutivo, que podrá sancionarlo o vetarlo parcial o totalmente antes de su publicación en el Registro Oficial.
