¿Quién será la compañera de fórmula de Daniel Noboa?
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó el martes 25 de marzo de 2025 que la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, perderá sus derechos de participación por dos años. Esta decisión responde a una denuncia de violencia política de género presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld.
Detalles del fallo
El pleno del TCE suscribió la resolución el lunes 24 de marzo, rechazando la apelación de Abad contra un fallo previo del juez electoral Guillermo Ortega. En la primera sentencia, Ortega determinó que la vicepresidenta incurrió en violencia política de género, según el Código de la Democracia.
Sanciones a Verónica Abad
Disculpa pública: Deberá ofrecer disculpas a Sommerfeld en un medio de comunicación nacional.
Multa económica: Pagará 30 salarios básicos unificados ($14.100).
Suspensión de derechos políticos: No podrá participar en elecciones ni ocupar cargos públicos.
Dado que esta suspensión impide a Abad ejercer como vicepresidenta, la decisión será notificada al Ministerio del Trabajo y otras entidades estatales, incluida la Presidencia de la República.
Recursos y próximos pasos
La defensa de Abad y la de Sommerfeld tienen tres días hábiles para solicitar aclaraciones o ampliaciones. Si se presentan estos recursos, el TCE tiene dos días para resolverlos, aunque no pueden modificar la sentencia.
Actualmente, Abad se encuentra en Turquía, donde cumple funciones como encargada de negocios en Ankara. Si el fallo se ejecuta, deberá regresar a Ecuador para enfrentar sus consecuencias.
Precedente en la justicia electoral
El TCE destacó que la violencia política de género también puede ocurrir entre mujeres, cuando una figura pública usa discursos o acciones que refuerzan estereotipos sexistas. Esta resolución marca un hito en el tratamiento jurídico de la violencia simbólica y política en Ecuador.
Finalmente, el Tribunal aclaró que la suspensión de derechos políticos no equivale a una destitución del cargo, pues se rige por un marco constitucional distinto. Así, se ratifica su competencia para sancionar a altos funcionarios en materia electoral.
