Ejército ataca minería ilegal en Imbabura, destruye más de 700 bocaminas.
La parroquia La Merced de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, ha sido durante años un territorio marcado por la minería ilegal, la violencia y la ausencia del Estado. Desde el hallazgo de oro de alta pureza en 2017, la zona se transformó radicalmente: la llegada masiva de buscadores, comerciantes y grupos armados dio origen a lo que se llamó la “Ciudad de Plástico”, un asentamiento improvisado en las laderas que operaba bajo la ley del más fuerte.
El flujo ilegal de oro movía cerca de 100 millones de dólares al año, sin que estos recursos beneficiaran a la comunidad ni al Estado. La situación derivó en violencia constante, trabajo infantil, tráfico de drogas y prostitución.
En 2019, ante la escalada de homicidios, derrumbes y enfrentamientos armados, el gobierno de Lenín Moreno decretó el estado de excepción en la zona y desplegó 1.200 militares y 1.200 policías. Más de 5.000 personas fueron desalojadas y se decomisaron bultos de mineral y maquinaria. Aunque la intervención se presentó como un éxito, la normalidad no regresó del todo para los pobladores, que siguieron enfrentando incertidumbre y riesgos.
Durante los años siguientes, los ilegales retornaron. Entre 2020 y 2021, operativos de la Arcom deshabilitaron bocaminas, pero los conflictos continuaron, ahora sumándose tensiones con empresas mineras legales como Hanrine y SolGold, que intentaron explotar oro de manera formal. La comunidad local rechazó toda actividad minera, denunciando impactos sociales y ambientales: muerte, contaminación, drogadicción y división social.
Entre 2022 y 2024, la tensión escaló a los tribunales, mientras la militarización y los bloqueos comunitarios se mantenían. Más de 300 pobladores impedían el ingreso de empresas a sus territorios, mientras organizaciones de derechos humanos denunciaban represión policial y violaciones de derechos durante los operativos. A pesar del aumento poblacional y del retorno de algunos habitantes, la parroquia continuó siendo un punto crítico de minería ilegal y narcotráfico.
En octubre de 2025, el Gobierno ejecutó un nuevo operativo militar de gran escala con 500 efectivos, bombardeos controlados y el uso de aviones Súper Tucano y helicópteros artillados. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, aseguró que la minería ilegal había sido erradicada definitivamente y prometió mantener la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en la zona. Lucía Chicaiza, presidenta de la parroquia, señaló que los operativos continúan y que aún es necesario confirmar si los resultados serán sostenibles.
La historia de Buenos Aires evidencia un ciclo repetitivo de explotación ilegal, desalojos, retornos y militarización. Aunque actualmente la zona luce en calma, los caminos siguen abiertos y la tentación del oro bajo tierra mantiene viva la incertidumbre sobre si la minería ilegal realmente ha terminado.
