“Fiscalizar es nuestra obligación constitucional”, dijo Viviana Veloz (RC).
La legisladora Viviana Veloz, coordinadora de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), defendió este jueves 16 de octubre la creación de un frente parlamentario de derechos humanos destinado a investigar posibles violaciones en el marco del reciente paro, asegurando que “fiscalizar no es ilegal, es nuestra obligación constitucional”.
Este grupo se constituyó durante la tarde y, horas después, la directiva oficialista de la Asamblea Nacional emitió un comunicado señalando que el colectivo carece de validez institucional y no posee reconocimiento legal dentro del Parlamento. Según el documento oficial, el uso del término “parlamentario” por parte del frente impulsado por RC constituye un uso indebido de la figura institucional.
En respuesta, Veloz aseguró en sus redes sociales que los legisladores tienen plena competencia y legitimidad constitucional para ejercer la fiscalización, sin necesidad de aval político ni aprobación del oficialismo, citando el artículo 120 de la Constitución. “Fiscalizar no es un privilegio, es un deber y una responsabilidad con el país”, enfatizó.
La legisladora señaló que la iniciativa del frente parlamentario no surge por protagonismo, sino como respuesta a los bloqueos que ha enfrentado la oposición para crear grupos temáticos en la Asamblea. “Desde el inicio de este periodo legislativo, los pedidos formales para constituir grupos parlamentarios han sido sistemáticamente bloqueados”, denunció.
Veloz agregó que la negativa del oficialismo representa un “trofeo democrático”: “Si incomodamos al poder, es porque estamos cumpliendo con nuestro trabajo. En tiempos donde el silencio se premia, fiscalizar es un acto de valentía democrática”.
Finalmente, la legisladora criticó el doble estándar del oficialismo, recordando que en 2024 miembros de la bancada oficialista conformaron un grupo parlamentario para investigar al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso Triple A. “Cuando ellos lo hacen es legal; cuando lo hacemos nosotros para proteger a la ciudadanía, resulta ilegal. Este doble rasero no construye institucionalidad, la destruye”, concluyó Veloz.
