Foro analiza causas del endeudamiento y posibles soluciones legales.
En Ecuador, el endeudamiento de las familias y personas preocupa cada vez más, y sus causas son múltiples: desempleo, informalidad laboral, enfermedades, fallecimiento de familiares, inseguridad, falta de educación financiera adecuada y, en algunos casos, la concesión irresponsable de créditos por parte de ciertas entidades financieras a personas con baja capacidad de pago.
Estas problemáticas fueron analizadas durante un foro realizado el miércoles 15 de octubre en Quito, donde expertos discutieron las dificultades que enfrentan los deudores de buena fe para cumplir con sus obligaciones y propusieron cambios legales que podrían incluir una ley de segunda oportunidad y reformas que aprovechen una eventual Asamblea Constituyente para otorgar un marco legal más justo.
Según César Coronel, gerente general de Defensa Deudores Ecuador, un estudio de la empresa Kantar muestra que entre 2023 y 2024 aumentó un 46 % la cantidad de personas que utilizan créditos para cubrir consumos corrientes, como alimentos o productos de uso doméstico. “Hay familias que compran pan, leche o huevos a crédito, porque si no se consumen rápido, se dañan, mientras que la deuda se extiende por tres o seis meses”, explicó Coronel. Señaló que esto refleja la realidad de muchas familias que “están comiendo en cuotas” debido a restricciones económicas.
La situación de sobreendeudamiento se ha agravado desde la pandemia, los paros y el aumento de la inseguridad. Hoy, tres de cada diez personas tienen una mala o pésima calificación en el buró de crédito, mientras que años atrás la morosidad era mucho menor, especialmente en los créditos de consumo. Coronel enfatizó que aunque existen normas para proteger a los deudores, estas no son suficientes y debería elevarse la protección al nivel constitucional, para prevenir prácticas nocivas como el “anatocismo camuflado”, donde los intereses de una deuda refinanciada se capitalizan y generan nuevos intereses.
Entre enero de 2023 y agosto de 2025 se registraron más de 616.000 procesos judiciales relacionados con cobros de pagarés, representando más del 60 % de todos los juicios de deudas. También se registraron 135.549 concursos de acreedores, 79.474 procesos de cobro de dinero, 65.361 cobros por letras de cambio y 57.286 por facturas y otros documentos comerciales.
Entre las propuestas planteadas para proteger a los deudores destacan: reformar la Ley de Alivio Financiero, condonar créditos estudiantiles, prescribir deudas incobrables, condonar deudas del extinto Banco Nacional de Fomento, fortalecer mecanismos pre-judiciales, crear una ley de segunda oportunidad y clarificar el habeas data correctivo para deudas sin respaldo documental.
Cindy Aguiar, directora del Centro Integral de Asistencia Legal (CIAL), explicó que el endeudamiento se ha normalizado desde la pandemia, ya que muchas personas consideran el crédito como un avance económico, pero no cuentan con educación financiera adecuada. Aguiar subrayó que “el endeudamiento no distingue estrato social” y criticó que el marco jurídico actual no diferencie entre deudores fraudulentos y deudores de buena fe afectados por crisis humanas. Señaló que existen casos de personas que han considerado quitarse la vida ante la presión de deudas impagables durante años.
Ricardo Ibáñez, abogado chileno y fundador de Defensa Deudores Chile, enfatizó que la mediación puede ser una herramienta efectiva para resolver conflictos de deuda sin congestionar un sistema judicial ya saturado. Propuso que los acreedores otorguen más plazos de pago y condonen intereses, desestigmatizando al deudor honesto que se encuentra en insolvencia por contingencias externas.
El foro concluyó que es necesario crear un sistema legal que reconozca al deudor como un sujeto de derechos y contemple soluciones reales y humanas, siguiendo ejemplos de leyes de insolvencia personal y de segunda oportunidad aplicadas en países como España, Chile y Colombia. Ibáñez agregó que en Chile, el bajo conocimiento de estas leyes impide que muchos deudores se beneficien, por lo que la educación sobre los derechos y mecanismos legales es clave para que más personas puedan recuperar estabilidad financiera.
