16 militares y un teniente enfrentan juicio por desaparición de niños.
La Fiscalía de Ecuador formalizó este martes 7 de octubre de 2025 la acusación contra 17 militares vinculados al caso Las Malvinas, en la Unidad Judicial Penal Sur Valdivia, en Guayaquil. Según el dictamen presentado por el fiscal Christian Farez, 16 de ellos serían responsables directos de la desaparición forzada de cuatro menores de edad, mientras que un teniente coronel estaría implicado como cómplice.
El caso involucra a los hermanos Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, quienes fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 en el sur de Guayaquil y posteriormente encontrados calcinados el 24 de diciembre en Taura, cantón Naranjal (Guayas). La Fiscalía detalla que los menores sufrieron agresiones físicas, incluyendo golpes, patadas, disparos cercanos al oído y humillaciones, antes de su muerte. Incluso un soldado habría boxeado a uno de los adolescentes durante la detención.
Los peritajes realizados incluyen cotejamiento de vehículos y prendas, confirmando que las camionetas utilizadas por la patrulla coincidían con las registradas en videos de la ruta de Guayaquil a Taura, así como que la ropa de los menores encontrada posteriormente correspondía con la de los registros audiovisuales. Además, se comprobó que las osamentas calcinadas fueron movidas de lugar, lo que complicó la investigación inicial.
Durante la reconstrucción de los hechos, se reveló que los menores fueron trasladados desnudos y forzados a mover obstáculos en el camino, bajo órdenes del subteniente a cargo de la patrulla. Testigos, incluyendo familiares, narraron llamadas desesperadas de los niños pidiendo auxilio. En uno de los videos, se escucha a un militar diciéndole a un menor: “Negro, chucha de tu madre, agradece que estás vivo”.
El proceso judicial ha estado marcado por múltiples recursos de la defensa, incluyendo recusaciones al juez y cuestionamientos sobre la jurisdicción y extensión de la instrucción fiscal. Sin embargo, el juez Dennis Ugalde declaró la validez de lo actuado y permitió que la Fiscalía procediera con la individualización de los 17 acusados.
La acusación se fundamenta en los artículos 42 y 43 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), tipificando a los 16 militares como autores de desaparición forzada y al teniente coronel como cómplice. El fiscal también resaltó que se violaron múltiples derechos constitucionales de los menores, como el acceso a un abogado y la comunicación con familiares durante su detención.
La audiencia preparatoria de juicio se instaló tras seis suspensiones previas y se espera que la exposición del dictamen continúe durante varias horas mientras se individualizan las responsabilidades de cada militar.
