Un grupo de jubilados protestó en contra de la norma en los exteriores de la Asamblea Nacional.
El 26 de septiembre de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó en segundo y definitivo debate el proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que introduce reformas al sistema de Seguridad Social.
La sesión estuvo marcada por las manifestaciones de jubilados que se oponen a la medida, al considerar que la norma abre la puerta a una privatización del IESS. Henry Llanes, representante de este sector, denunció que la ley permitiría vender carteras hipotecarias, quirografarias y prendarias a la banca internacional, además de obligar al Banco del IESS (Biess) a adquirir bonos del Estado. “Están en peligro los recursos de los afiliados, no podemos repetir el caso ISSPOL”, advirtió.
Pese a las críticas, el oficialismo de Acción Democrática Nacional (ADN) logró los 77 votos necesarios. El asambleísta Diego Franco planteó que el informe se votara en un solo bloque, moción que fue aprobada con apoyo de legisladores independientes y de los amazónicos José Nango y Fernando Nantipia. Otros, como Cecilia Baltazar, votaron en contra; Edmundo Cerda se abstuvo, mientras Carmen Tiupul y Manuel Choro no asistieron.
La bancada de Revolución Ciudadana (RC), liderada por Juan Andrés González y Viviana Veloz, rechazó la propuesta y anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad en cuanto el texto se publique en el Registro Oficial. RC sostiene que el gobierno de Daniel Noboa busca endeudar al IESS para financiar el déficit fiscal, que en 2025 ronda los USD 11.000 millones.
Desde el oficialismo, Franco y Mishel Mancheno negaron cualquier intento de privatización y afirmaron que la ley fortalecerá los fondos de la Seguridad Social para garantizar las pensiones y prestaciones.
El Partido Social Cristiano (PSC) reconoció aspectos positivos, como la devolución de fondos previsionales a sus dueños, pero objetó que se permita el uso de utilidades del Biess para otros fines y las operaciones de reporto, que según el legislador Otto Vera podrían generar pérdidas. El PSC condicionó su apoyo a que esos puntos se voten por separado, lo que finalmente no ocurrió.
La Policía cercó la Asamblea con vallas para impedir que los jubilados ingresaran al edificio. Los manifestantes portaban carteles en rechazo a la normativa, mientras dentro del Pleno se sellaba su aprobación.
