Más de 500 activistas de 37 países, entre ellos la ecuatoriana Nicole Montserrathe León, permanecen en la incertidumbre tras la intercepción de la Flotilla Global Sumud; Israel defiende el bloqueo, mientras crecen las denuncias de violaciones al derecho internacional.
Horas después de que la embarcación que transportaba a la activista sueca Greta Thunberg fuera interceptada por fuerzas israelíes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel declaró que la “provocación” de la Flotilla Global Sumud “se ha acabado”. El gobierno hebreo aseguró que ninguno de los cerca de 50 barcos que zarparon con destino a la Franja de Gaza logró romper el bloqueo naval, que describe como una “zona de combate activo”.
Sin embargo, la versión israelí contrasta con los reportes de las plataformas de monitoreo de la propia Flotilla, que señalan que el barco Mikeno logró ingresar a aguas territoriales frente a Gaza.
Desde la madrugada del 2 de octubre, la nave aparece sin movimiento registrado, pero tampoco figura como “interceptada” o “presuntamente interceptada”, lo que mantiene abiertas dudas sobre su paradero. Otro navío, el Marinette, continúa rumbo a la Franja desde las costas de Egipto.
La mayor preocupación de los organizadores recae en los más de 443 tripulantes cuyo paradero sigue siendo desconocido tras la intercepción israelí. La Flotilla denunció que el acceso a asistencia legal ha sido mínimo y que no existe confirmación sobre si los activistas fueron trasladados al puerto de Ashdod. “Interceptar embarcaciones humanitarias en aguas internacionales es un crimen de guerra; negar asistencia legal y ocultar el destino de los capturados agrava este delito”, señalaron en un comunicado.
La operación ha despertado rechazo en países árabes como Catar, mediador clave en los intentos de tregua entre Israel y Hamás, y que recientemente sufrió un ataque israelí en Doha dirigido contra líderes del grupo palestino.
Desde Europa, las reacciones han sido ambiguas. El portavoz de la cancillería alemana, Josef Hinterseher, sostuvo que “todos los participantes de la flotilla han llegado sanos y salvos a tierra o a distintos puertos”, aunque reconoció que aún no se ha establecido contacto con los 13 activistas alemanes.
España, por su parte, exigió garantías sobre la integridad de sus 47 ciudadanos a bordo, entre ellos la actriz ecuatoriana Nicole Montserrathe León Avilés, que formaba parte de la delegación española. El presidente Pedro Sánchez advirtió que su gobierno estudiará si la acción israelí vulneró la legislación internacional.
La Flotilla Global Sumud sostiene que su misión era transportar ayuda humanitaria a Gaza, mientras Israel acusa a sus organizadores de intentar romper de forma deliberada un bloqueo que califica como esencial para su seguridad.
Lo que está en juego no es solo la suerte de los 500 tripulantes de 37 países, sino también el debate internacional sobre los límites de la acción militar en aguas internacionales y el derecho de la sociedad civil a desafiar un cerco que, según Naciones Unidas, ha convertido a la Franja en una crisis humanitaria permanente.
La disputa sobre la legitimidad de la flotilla y la legalidad de la respuesta israelí no solo refleja el conflicto en Gaza, sino que revive una pregunta central: ¿hasta dónde puede un Estado justificar la fuerza militar en nombre de la seguridad cuando lo que se intercepta son barcos que alegan llevar ayuda humanitaria y activistas internacionales?
