El paquete incluye reformas sobre la Corte, el CPCCS, la justicia penal y hasta la reapertura de casinos. La Corte tiene 20 días para decidir cuáles llegarán a las urnas
El presidente Daniel Noboa remitió este 9 de septiembre siete nuevas preguntas a la Corte Constitucional para su eventual inclusión en la consulta popular y referendo previstos para el 30 de noviembre de 2025. La propuesta llega apenas cinco días después de que el máximo tribunal bloqueara parte del pliego inicial enviado por el Ejecutivo.
El nuevo paquete incluye cuatro reformas constitucionales y tres preguntas de plebiscito. Entre los temas destacan la creación de un registro nacional de agresores sexuales, la implementación de procesos judiciales expeditos contra la extorsión y el robo, y la reducción de facultades del CPCCS, órgano cuestionado desde su creación.
Además, el Gobierno plantea la reapertura de casinos en hoteles cinco estrellas, la prohibición del uso de imagen de políticos sentenciados por corrupción y la expedición de una nueva ley orgánica para la Corte Constitucional.
Antecedentes
El 4 de septiembre, la Corte Constitucional rechazó cuatro de las seis preguntas enviadas en el primer bloque: eliminación del CPCCS por la vía de enmienda, juicio político a jueces de la CC, reapertura de casinos sin justificación técnica y la castración química, considerada contraria a derechos fundamentales. Solo dos preguntas —trabajo por horas en turismo y reducción de asambleístas— siguen en trámite.
Los plazos en juego
Aunque Noboa mantiene el 30 de noviembre como fecha tentativa, el calendario podría retrasarse. La Corte tiene 20 días laborales para pronunciarse; luego, el CNE dispone de 15 días para convocar a elecciones y hasta 60 días más para organizarlas. En total, el proceso podría extenderse hasta 103 días, lo que pone en riesgo la fecha anunciada por el Ejecutivo.
Lo que está en disputa
Si se aprueban, las nuevas preguntas modificarían el rol de la Corte Constitucional, cambiarían la designación de autoridades actualmente en manos del CPCCS, acelerarían procesos penales y reabrirían la discusión sobre casinos, turismo y corrupción. Para el Gobierno, la consulta marcará un punto de inflexión político y judicial.
