Esto dijo la oposición sobre la Ley de Fundaciones aprobada en la Asamblea.
Conseguir los votos necesarios para aprobar la Ley de Transparencia Social no fue tarea sencilla para la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN). El martes 26 de agosto de 2025, la propuesta del Ejecutivo logró apenas 78 votos afirmativos, uno más del mínimo requerido (77). Se convirtió en la votación más ajustada de las cuatro leyes económicas urgentes que el presidente Daniel Noboa ha enviado a la Asamblea en sus primeros 100 días de gobierno.
El proyecto, que busca regular a fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fue defendido por el oficialismo como un instrumento para combatir el lavado de activos. Sin embargo, la oposición lo calificó de un intento de control político y fiscal sobre la sociedad civil.
Cuestionamientos de la oposición
Durante el segundo y definitivo debate, las críticas provinieron de distintas bancadas, incluida Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y parte de Pachakutik, que terminó dividida en la votación. Estos fueron los principales reparos:
1. “Un proyecto para perseguir”
La legisladora correísta Liliana Durán denunció que ninguna de sus observaciones fue tomada en cuenta. Según dijo, el texto viola la unidad de materia, pues además de regular fundaciones, introduce reformas tributarias, cambios en la Ley de Minería, un régimen de liquidación de empresas públicas y la transferencia de fondos congelados al Banco Central.
Entre sus críticas, señaló:
Auditorías costosas y exigencias desproporcionadas para organizaciones comunitarias.
Control excesivo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, incluso por encima de la UAFE.
Riesgo de exponer datos sensibles en un registro unificado.
Posible violación al debido proceso al obligar a transferir fondos congelados sin sentencia firme.
2. “Metida de mano” al IESS
El bloque del PSC rechazó la creación de nuevos impuestos, en particular al gravar las utilidades retenidas por las empresas. Pero su mayor alerta fue sobre una exoneración a empresas públicas que mantienen deudas con el IESS.
El asambleísta Alfredo Serrano advirtió que la transitoria sexta de la ley exonera multas y recargos, lo que equivaldría a una condonación a costa de los recursos de la Seguridad Social. “No le metan la mano a los fondos de los afiliados”, reclamó.
3. Control con límites
La correísta Paola Cabezas denunció que la norma abre la puerta a investigaciones penales contra dirigentes sociales y comunitarios por simples reclamos. Además, acusó al gobierno de crear un blindaje fiscal para ministros y altos funcionarios.
Explicó que la reforma a la Ley de Lavado de Activos permite a la UAFE analizar las finanzas de ministros, viceministros y directores, pero prohíbe nuevos análisis sobre el mismo periodo una vez cerrado el informe, lo que —según la oposición— limitaría la fiscalización en casos de corrupción.
Un gobierno con mayoría frágil
La aprobación con apenas un voto por encima del mínimo refleja la fragilidad legislativa del oficialismo. Mientras ADN celebra la aprobación como un paso en la lucha contra el lavado de dinero, la oposición insiste en que la Ley de Transparencia Social es en realidad un mecanismo de control y blindaje político.
