Leonidas Iza indicó que la justicia indígena investiga más de 5.000 chats y documentos de los celulares de los policías.
El lunes 18 de agosto de 2025, en la comunidad de San Ignacio, parroquia Toacaso, Latacunga, Leonidas Iza y miembros de la comunidad retuvieron a tres policías, a quienes les quitaron los celulares. Según la Fiscalía, los uniformados estaban realizando diligencias de una investigación oficial, pero la comunidad sostiene que los policías los vigilaban.
Al encontrarse en territorio administrado por la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocanc), los policías quedaron sujetos a un proceso de justicia indígena, que respalda la Constitución ecuatoriana para hechos dentro de los territorios comunitarios, siempre respetando los derechos humanos y la ley.
La primera audiencia comunitaria se llevó a cabo el martes 19 de agosto, con la presencia de presidentes de comunidades, organizaciones de mujeres, barrios de Toacaso, Ecuarunari y Conaie. Los puntos tratados fueron la conformación del Tribunal de Justicia Comunitaria, la investigación sobre la posible infiltración de policías en la comunidad y la futura lectura de una sentencia indígena. Durante la sesión, se inició la revisión de más de 5.000 chats y documentos extraídos de los celulares de los policías, comparando la información con la versión de los uniformados.
La audiencia no concluyó ese día y aún no se ha emitido una sentencia. La comunidad mantiene el proceso abierto y ha convocado a sus bases y otras organizaciones a participar. Leonidas Iza señaló que, una vez finalizada la revisión del material, se convocará a todas las autoridades relacionadas.
Desde la perspectiva de la justicia ordinaria, la retención podría considerarse plagio, secuestro u obstrucción a la justicia, por lo que Iza podría enfrentar cargos si la Fiscalía demuestra que dirigió o permitió la acción. Sin embargo, la Constitución protege la justicia indígena, lo que genera un choque de jurisdicciones entre la comunidad y el Estado.
En conclusión, aunque Iza cuenta con respaldo social y protección constitucional, no está automáticamente libre de riesgo. Su posible responsabilidad dependerá de cómo la Fiscalía y la Corte Constitucional determinen si la retención de los policías constituye un delito o un acto válido de justicia indígena.
