El rediseño del aporte estatal del 40 % busca corregir inequidades, pero reaviva la presión de los jubilados y la promesa presidencial de elevar la pensión mínima.
El anuncio del presidente del Consejo Directivo del IESS, Édgar Lama, de reorientar el aporte estatal del 40 % hacia las pensiones más bajas ha generado expectativa, pero también plantea un desafío político y social para el Gobierno de Daniel Noboa.
Aunque la medida se presenta como una corrección de inequidades —pues hoy el Estado subsidia con más dinero a quienes tienen pensiones más altas—, el trasfondo es más complejo: implica revisar el alcance de un derecho social adquirido, gestionar una deuda estatal que supera los 27.935 millones de dólares y responder a una promesa de campaña presidencial que sigue pendiente.
El planteamiento de Lama conecta con una de las demandas históricas de los jubilados: elevar las pensiones mínimas. Actualmente, un jubilado puede recibir apenas 235 dólares, una cifra lejana al valor de la canasta básica (813,82 dólares en julio de 2025).
La Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas respalda la idea de priorizar a los más vulnerables, pero su presidenta, Rosario Muñoz, fue clara: el presidente Noboa ofreció en 2023 que la pensión mínima se equipare al salario básico. “Él tiene que cumplir con esa promesa”, advirtió.
Esto coloca al Gobierno en una situación delicada: cualquier reforma que mejore los ingresos de los jubilados puede ser capitalizada políticamente, pero si se percibe como insuficiente o postergada, podría alimentar la frustración social en un sector históricamente organizado y con capacidad de presión.
La propuesta del IESS recoge observaciones de la OIT y de la comisión técnica del gobierno de Guillermo Lasso, que calificaron al esquema actual como “regresivo”. Hoy el Estado subsidia más a quienes menos lo necesitan, pero el redireccionamiento del 40 % hacia las pensiones bajas abre interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema.
Los expertos advierten que el subsidio estatal crecerá explosivamente en las próximas décadas, pasando de 1,8 % del PIB en 2022 al 6 % en 2050, en un país con una economía frágil y limitada capacidad fiscal.
Si bien la medida apunta a un principio de justicia social, puede derivar en nuevas desigualdades si no se precisan reglas claras: ¿Qué ocurrirá con los jubilados que hoy reciben montos más altos tras décadas de aportes?
Los jubilados han sido actores visibles en la vida pública ecuatoriana, con protestas recurrentes frente al IESS y la Asamblea Nacional. Para ellos, la reforma es una oportunidad de presionar al Ejecutivo en busca de un incremento progresivo que acerque las pensiones a la canasta básica.
El riesgo político para Noboa es que, en medio de un escenario económico ajustado, cualquier retraso o falta de cumplimiento se interprete como un incumplimiento de su palabra. La memoria de los pensionistas sobre promesas incumplidas de gobiernos anteriores puede convertirse en un factor de desgaste anticipado para su administración.
En la práctica, el Gobierno debe decidir entre dos caminos: mantener el statu quo, con un subsidio regresivo pero universal, o rediseñar la fórmula para favorecer a los más pobres, asumiendo el costo político de explicar los límites del ajuste.
Lo cierto es que Noboa no puede escapar del debate. Su oferta electoral de elevar las pensiones mínimas a un salario básico lo obliga a tomar posición. Si apuesta por una reforma gradual y técnicamente sólida, puede ganar legitimidad entre jubilados y sectores sociales. Pero si la propuesta queda solo en declaraciones, el desgaste político será inevitable.
