El hallazgo de un menor con una pistola dentro de un plantel educativo en el Guasmo norte refleja el crecimiento del reclutamiento juvenil en bandas criminales, la deserción escolar y la falta de estrategias públicas frente al acceso a las armas.
Un hecho alarmante sacudió a la comunidad educativa de la cooperativa Centro Cívico, en el Guasmo norte de Guayaquil: un adolescente fue sorprendido con un arma de fuego en su mochila, dentro de un aula de clases. La Policía acudió al lugar tras la alerta y la Dinapen asumió el caso por tratarse de un menor de edad.
Aunque este caso generó preocupación inmediata, no es un hecho aislado. Según datos de la Policía Nacional, entre enero y el 4 de agosto de 2025, 98 menores han sido detenidos en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) por tenencia de armas, lo que representa un aumento del 66,1 % en comparación con 2024, cuando se registraban 59 casos.
Entre la escuela y la vida criminal
Para el sociólogo Javier Gutiérrez, este fenómeno responde a un problema estructural: el creciente reclutamiento de adolescentes por parte de bandas delictivas que operan en los barrios más vulnerables.
“Las organizaciones criminales han ocupado los espacios que dejó vacíos el Estado y el sistema educativo. Los adolescentes se convierten en piezas útiles para sostener la violencia y el control territorial”, explica el especialista.
Un estudio del Observatorio del Crimen Organizado Ecuatoriano (OECO) confirma que las bandas reclutan a niños y niñas incluso desde los 10 años. En muchos casos, la pobreza, el abandono familiar y la deserción escolar son el terreno fértil para que estas estructuras avancen.
El riesgo no se limita a lo que ocurre fuera de las aulas. Investigaciones de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado han evidenciado que los alrededores de los colegios son puntos clave para el reclutamiento. Allí, redes sociales como WhatsApp funcionan como canales para captar a menores.
Renato Rivera, analista de la organización, advierte que mientras no existan políticas claras para reducir la disponibilidad de armas de fuego ilícitas, la amenaza seguirá creciendo. “No basta con requisar mochilas en las escuelas. El problema es que las armas circulan libremente y terminan en manos de adolescentes”, dijo.
El miedo y la incertidumbre
En Durán, uno de los cantones más afectados, la Policía realiza operativos en los exteriores de ocho planteles priorizados. Pero las requisas y la presencia policial no logran calmar del todo a los padres.
“Me parece bien que vengan los policías, pero debería ser todos los días. Aquí amenazan a los niños afuera del colegio”, cuenta Abigail Torres, madre de un adolescente de 15 años.
El temor es compartido por Rosa Piedrahíta, quien acompaña a su hija de 7 años. “No la dejamos salir sola ni un segundo. El miedo es diario”, dice.
La Policía Nacional asegura que mantiene vigilancia en 110 instituciones educativas de la Zona 8, clasificadas según niveles de riesgo. Sin embargo, especialistas cuestionan que estas medidas son reactivas y no atacan la raíz del problema: la falta de oportunidades educativas, la ausencia de proyectos comunitarios y la impunidad con la que circulan armas de fuego en los barrios.
Mientras tanto, los testimonios de padres y maestros reflejan un sentimiento creciente de indefensión. Lo ocurrido en el aula del Guasmo norte no es solo la historia de un adolescente con un arma en la mochila: es el retrato de un país donde la violencia ha penetrado la infancia y donde la escuela, lejos de ser un refugio, se ha convertido en otro frente de la inseguridad.
