Quito, Guayaquil y Cuenca en la indignación total.
Este jueves 7 de agosto de 2025, desde las 15:00, se realizó una marcha en el centro de Quito con la participación de cientos de personas pertenecientes a distintos gremios sociales, como trabajadores y estudiantes. Ellos respaldaron la decisión de la Corte Constitucional de suspender temporalmente 17 artículos de tres leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, propuestas por el presidente Daniel Noboa.
Cerca de 30 organizaciones sociales se unieron en esta protesta, que tuvo como destino final la Corte Constitucional. Durante el recorrido, se mantuvo un fuerte resguardo policial y se colocaron vallas de seguridad en varios puntos del centro de la ciudad. La marcha fue pacífica.
Además de apoyar la decisión del máximo órgano de justicia, los manifestantes también rechazaron la contramarcha anunciada por el propio presidente Noboa para el 12 de agosto, en la que planea expresar su desacuerdo con el fallo judicial.
Durante la protesta, los participantes aprovecharon para mostrar su descontento con otras decisiones del Gobierno, como el despido de 5.000 funcionarios públicos y la fusión de varios ministerios, medidas que han generado preocupación en sectores como salud y educación.
El presidente de la Unión Nacional de Educadores, Andrés Quishpe, pidió que se declare la emergencia en salud y educación debido a la creciente violencia en el país. También cuestionó el costo estimado de 60 millones de dólares que tendrá la consulta popular y referéndum que impulsa el Gobierno.
Desde el sector salud, Luis Muñoz, representante de la Federación Médica Ecuatoriana, denunció que el Ministerio de Salud solo ha ejecutado el 12% de su presupuesto en el primer semestre del año. También señaló despidos de personal médico y la falta de insumos en los hospitales.
La Corte Constitucional suspendió temporalmente artículos clave de tres leyes tras recibir varias demandas de inconstitucionalidad. Una de las decisiones más relevantes fue frenar 12 artículos de la Ley de Inteligencia y varios del Reglamento General de esa norma, que habían generado críticas por posibles afectaciones a derechos ciudadanos.
