Jorge Glas fue sentenciado nuevamente por el caso Reconstrucción de Manabí, y el Gobierno de México vuelve a pedir un salvoconducto para su salida.
El Gobierno de México volvió a solicitar formalmente a Ecuador que otorgue un salvoconducto al exvicepresidente Jorge Glas, quien fue sentenciado a 13 años de prisión el pasado 30 de junio de 2025 por el caso Reconstrucción de Manabí, relacionado con actos de corrupción en la gestión post-terremoto de 2016.
Apelación basada en la Convención de Caracas
Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó que su solicitud se enmarca en los artículos IX, XII, XIII y XIX de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático (1954), un tratado vigente tanto para México como para Ecuador.
Además, México pidió que Ecuador garantice la seguridad de Glas mientras se define su traslado. En ese sentido, instó a que se respete la medida cautelar emitida en febrero de 2025 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Resolución N.º 13/2025, que solicita proteger los derechos fundamentales del exfuncionario.
«México ha solicitado que Glas sea custodiado en un lugar seguro y que se observen las medidas humanitarias necesarias mientras se tramita su traslado», precisó la Cancillería mexicana.
Asilo otorgado desde abril de 2024
El gobierno mexicano recordó que otorgó asilo diplomático a Glas el 4 de abril de 2024, apelando al principio “pro persona” consagrado en su Constitución, así como a su tradicional política de protección humanitaria a personas perseguidas políticamente.
Glas acumula tres condenas por corrupción
Con esta última sentencia, Jorge Glas ya suma tres condenas por corrupción:
2017: Asociación ilícita en el caso Odebrecht
2020: Cohecho en el caso Sobornos 2012–2016, junto a Rafael Correa
2025: Peculado en el caso Reconstrucción de Manabí
En total, la deuda de Glas con el Estado ecuatoriano por estos casos asciende a USD 132,8 millones, según cifras oficiales.
Reacciones desde la Revolución Ciudadana
La nueva condena provocó respuestas inmediatas de figuras cercanas al correísmo, como el expresidente Rafael Correa, el excanciller Ricardo Patiño y la prefecta Paola Pabón, quienes calificaron el fallo como persecución política.
