El Gobierno sostiene que las leyes de Solidaridad e Inteligencia fueron clave en la recaptura de alias ‘Fito’. Sin embargo, varios expertos consideran que este discurso tiene más tintes propagandísticos que fundamentos reales, ya que no existen evidencias concretas de que estas reformas hayan sido determinantes en el operativo.
La recaptura de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, ha sido presentada por el Gobierno como una victoria respaldada por las nuevas leyes de Solidaridad e Inteligencia, aprobadas recientemente por la Asamblea. Sin embargo, voces críticas advierten que esta narrativa tiene un fuerte tinte político y no refleja del todo lo que realmente sucedió en el operativo.
Así fue el operativo
El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la captura de Fito se dio durante un allanamiento sin orden judicial, realizado en una casa ubicada en Montecristi (Manabí). Según relató, el procedimiento se desarrolló en siete pasos:
Se recibió información de inteligencia militar.
Se identificó el lugar donde estaba escondido el líder criminal.
Se cercaron las calles alrededor de la casa.
Ingresaron militares y policías, sin la presencia de un fiscal.
Se usó maquinaria pesada para remover tierra.
Finalmente, apareció Fito oculto bajo una estructura subterránea.
Reimberg defendió el procedimiento diciendo:
“Hicimos todo lo que teníamos que hacer sin esperar autorización. Si esperábamos, se podía filtrar la información o perdíamos al objetivo.”
¿Fue legal ese allanamiento?
La acción fue amparada en una disposición incluida en la nueva Ley de Solidaridad, que permite allanamientos sin orden judicial en casos de conflicto armado interno. Esta fue una de las disposiciones más polémicas del proyecto cuando fue debatido en la Asamblea, pero ahora el Gobierno la usa como ejemplo de su efectividad.
El propio presidente Daniel Noboa publicó en X que la recaptura de Fito fue posible “gracias a las leyes de Solidaridad e Inteligencia”. El presidente del Legislativo, Niels Olsen, replicó el mismo mensaje sin mayores explicaciones.
¿Es propaganda o política criminal?
Varios analistas han mostrado escepticismo frente al discurso oficial.
El académico Matías Abad, de la Universidad del Azuay, afirmó que el Gobierno busca capitalizar políticamente un logro mediático, pese a que no existen pruebas de que estas leyes hayan sido clave en el operativo.
“Las leyes sí otorgan nuevas facultades, pero no se ha demostrado que fueran determinantes en esta operación específica”, afirmó.
Desde otro enfoque, Lorena Piedra, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Estudios Internacionales, aclaró que esta captura es fruto del trabajo que la Unidad de Inteligencia Militar ya venía realizando desde hace tiempo, incluso antes de la aprobación de las nuevas leyes.
“Este trabajo no empezó con las reformas. Las Fuerzas Armadas vienen actuando de forma profesional desde hace meses.”
