Los 13 cambios al Código Integral Penal de la ley de integridad Pública.
Aunque fue presentada como una reforma urgente a la Ley de Contratación Pública, la nueva Ley de Integridad Pública terminó incluyendo reformas penales, judiciales, económicas, de inteligencia y más. Lo que comenzó con un documento de 17 páginas enviado por el presidente Daniel Noboa, regresó de la Asamblea con 157 páginas y muchos añadidos polémicos.
Entre ellos, 13 reformas penales que cambiaron artículos clave del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y otras leyes, algunas recién aprobadas hace semanas. Aquí te resumimos las principales:
1. Colaboración eficaz de adolescentes
Ahora se propone que los menores de edad que colaboren con la justicia podrán recibir penas reducidas hasta la mitad, si ayudan a capturar o procesar a adultos que los hayan inducido al delito.
2. Expulsión de extranjeros
Todos los extranjeros sentenciados con prisión deberán ser expulsados de Ecuador, con una prohibición de volver durante 10 años.
En situaciones de conflicto armado interno, el Ministerio del Interior puede pedir su expulsión sin importar cuánto tiempo hayan cumplido, ni si tienen hijos o pareja ecuatoriana.
3. Deportación sin sentencia
Se habilita la deportación incluso sin sentencia ejecutoriada. Basta una orden de prisión preventiva y que el país esté en conflicto armado. El castigo: prohibición de regresar por 40 años. Si lo hacen y el conflicto sigue, serán considerados objetivo militar.
4. Corrección de error legal
Se corrige un error de redacción en la Ley de Solidaridad Nacional, que incluyó el «indulto anticipado» pero no lo registró como una forma válida de extinguir penas. Esta ley repara esa omisión.
Sanción a jueces y fiscales
Los funcionarios judiciales que fallan en contra de la ley o participaron antes como abogados en un caso que ahora juzgan, recibirán hasta 7 años de prisión.
Si favorecen a bandas delictivas, la pena sube a 10-13 años, además de ser inhabilitados para ejercer.
Fraude procesal
Inducir a error a un funcionario público será castigado con 3 a 5 años de prisión. Si esto se hace en un caso de femicidio, la pena será la más alta.
También se sanciona a quien ayude a encubrir crímenes, con 5 a 8 años de prisión.
Omisión de denuncia
Si un funcionario público no denuncia un delito, podrá ser castigado con 6 meses a 2 años de cárcel, y luego inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Porte ilegal de armas
Las penas por tener o portar armas sin permiso se endurecen notablemente:
Tenencia sin autorización: 3 a 5 años (antes era de 6 meses a 1 año).
Porte sin autorización: 5 a 10 años.
9. Nuevas reglas para allanamientos
En casos de conflicto armado, se autoriza el allanamiento con informes del CIES (Centro de Inteligencia Estratégica), no solo de la Policía o Fuerzas Armadas.
10. Evaluación a fiscales
Durante audiencias de flagrancia, los jueces ahora deben calificar cómo actúan los fiscales.
11. Suspensión de pena por deportación
Si un extranjero sentenciado es deportado y no regresa al país dentro del plazo legal (generalmente 10 años), la pena queda suspendida.
12. Restricciones al régimen semiabierto
Se excluye del régimen semiabierto (cumplir la pena bajo vigilancia controlada) a quienes pertenezcan a grupos armados del conflicto interno o cometan delitos conexos.
13. Y también al régimen abierto
Lo mismo ocurre con el régimen abierto: quienes estén vinculados a bandas armadas no podrán acceder a esta modalidad de cumplimiento de pena.
Estas reformas se suman a otras recién aprobadas en leyes como la Ley de Solidaridad Nacional (vigente desde el 10 de junio) y la Ley de Inteligencia (vigente desde el 11 de junio). Todo esto ocurre en medio del estado de conflicto armado interno decretado por el Ejecutivo.
