Asamblea aprobó Ley de Integridad Pública con textos polémicos

La ley fue aprobada sin mayor debate, entre gritos, cambios a última hora y acusaciones de “corruptos y delincuentes” al correísmo

Con 84 votos a favor, 62 en contra y apenas 2 abstenciones, el Pleno de la Asamblea aprobó este 24 de junio la controvertida Ley de Integridad Pública, propuesta urgente enviada por el presidente Daniel Noboa. Lo hizo entre reclamos del correísmo, gritos de “dale, dale, dale” y reformas introducidas a último minuto que alteraron completamente el proyecto inicial.

El oficialismo logró meter cambios de fondo a más de 20 cuerpos legales, como el Código Penal, la Ley de Movilidad Humana y la Función Legislativa. Incluso se incluyó que menores de edad puedan ser juzgados como adultos en crímenes graves y se permita declarar en emergencia el sistema judicial.

Pero lo que más encendió el debate fue la intervención del presidente de la Asamblea, Niels Olsen (ADN), quien respondió a los cuestionamientos con una frase que marcó la jornada:

“Se les acabó la fiesta a los corruptos y a los delincuentes”.

El correísmo apeló la presidencia de Olsen por segunda vez en menos de un mes, sin éxito. El oficialismo, con mayoría estable, bloqueó el intento.

Cambios al apuro y sin mayor debate

Solo nueve legisladores hablaron antes de la votación. La moción para incluir nuevas reformas fue presentada por Andrés Castillo (ADN) y aprobada con 79 votos, pese a reclamos de que se violaba la unidad de materia.

Valentina Centeno, jefa de bancada de ADN, defendió los cambios:

“No es una ley contra adolescentes, sino contra quienes los reclutan y están matando generaciones enteras”.

Oposición y dudas

El socialcristiano Alfredo Serrano cuestionó que no se ponga límite a la emergencia judicial ni se aclare cómo se elegirán jueces. También rechazó que jóvenes criminales permanezcan en centros de menores tras cumplir la mayoría de edad.

Mientras tanto, el Pleno pospuso para el jueves el debate sobre la fuga del narcoalias ‘Fede’, pese a que fue aprobado por unanimidad un pedido para que las autoridades rindan cuentas.

Compártelo