Debido al aumento de la inseguridad, varias ciudadelas de Daule han comenzado a restringir el ingreso de vehículos sin placas. La medida, aunque bien vista por algunos residentes, plantea cuestionamientos legales.
Alejandro Cisneros, quien vive desde hace quince años en una urbanización de la avenida León Febres-Cordero, en la parroquia La Aurora, se sorprendió hace un mes al ver un letrero colocado en la garita de ingreso que rezaba: “No permitimos vehículos sin placas”. El aviso aplica tanto para visitantes como para residentes que no cuenten con el sistema de tag, que permite el ingreso automático.
Para Cisneros, la medida es necesaria. Asegura que es común ver autos sin placas dentro del conjunto habitacional. «Uno no sabe quién entra. La inseguridad es una realidad», comentó.
Este Diario hizo un recorrido por urbanizaciones de Daule y constató que al menos una docena ya aplican esta restricción. En otras ciudadelas cercanas a la vía a Salitre, se prevé implementar la medida en las próximas semanas.
Gabriela López, residente de otro complejo, también respalda la decisión. “Se ha vuelto frecuente ver carros sin placas, sobre todo de personas que alquilan. Es una forma de prevenir problemas”, señaló.
Además de la advertencia escrita, algunos conjuntos han reforzado su seguridad. Guardias de ciertas urbanizaciones ahora portan cascos como medida de protección ante posibles ataques. Uno de ellos, que prefirió no identificarse, dijo que se trata de una acción preventiva ante hechos recientes de violencia.
Sin embargo, expertos en el ámbito legal advierten sobre la legalidad de estas acciones. Nino Casannello, especialista en derecho, explicó que este tipo de restricciones son medidas de facto, es decir, aplicadas por necesidad, pero sin sustento normativo.
“No se puede impedir legalmente que una persona acceda a su vivienda. Esto puede generar conflictos entre los residentes y los guardias”, indicó. Añadió que si bien algunas urbanizaciones tienen adjudicación legal de sus calles internas, esto no elimina posibles acciones legales por parte de afectados.
Casannello considera que el control de vehículos sin placas debe recaer en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y no en administraciones privadas. Como alternativa, sugirió que las garitas podrían reportar estos casos a la autoridad, aunque ello abre un nuevo debate sobre la protección de datos personales.
Pese a las dudas legales, las medidas adoptadas evidencian la creciente preocupación ciudadana frente a la inseguridad, especialmente por el uso de vehículos sin identificación visible en la comisión de delitos.
