Ecuador lidera en asesinatos de mafiosos balcánicos.
En los últimos 15 años, al menos 19 narcotraficantes originarios de los Balcanes Occidentales han sido asesinados en Sudamérica. De estos, siete crímenes ocurrieron en la provincia de Guayas, Ecuador, concentrándose en cantones del área metropolitana de Guayaquil. Esto convierte a Ecuador en el país con mayor número de muertes de este grupo en la región, representando más del 36% del total regional.
Estas mafias balcánicas, conformadas por ciudadanos de Albania, Serbia, Kosovo, Montenegro y Croacia, han establecido una red criminal transcontinental que opera desde Ecuador aprovechando su posición estratégica entre Colombia y Perú, los principales productores de cocaína en Sudamérica, y el acceso portuario hacia Europa.
El informe de la Iniciativa Global Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC) revela que estas redes blanquean anualmente alrededor de 3.500 millones de dólares a través del sistema financiero ecuatoriano. Operan mediante tres perfiles principales: mensajeros independientes que actúan como intermediarios; emisarios que coordinan y garantizan pagos en territorio; y empresarios que manejan negocios fachada para el narcotráfico y lavado de activos.
La alianza con bandas criminales locales es clave para su operación, aunque estas mafias balcánicas no buscan el control territorial y prefieren evitar confrontaciones directas. Sin embargo, las disputas internas entre sus propios miembros generan la mayoría de asesinatos vinculados a estas redes en Ecuador, ejecutados frecuentemente por sicarios locales.
El incremento de estas redes en Ecuador se relaciona con el Tratado de Libre Comercio firmado con la Unión Europea, que facilitó la llegada de ciudadanos balcánicos desde 2012. Actualmente, se estima que cerca de 400 personas de esa región residen en Ecuador, fortaleciendo su influencia en el narcotráfico y el lavado de dinero.
Finalmente, estas organizaciones han logrado construir vínculos con funcionarios públicos, jueces, policías y sectores políticos, facilitando la obtención de beneficios judiciales y económicos. Además, utilizan empresas legales para lavar dinero y acceder a licitaciones estatales, consolidando su poder dentro y fuera del país.