La fuga del cabecilla criminal volvió a desnudar la fragilidad del sistema penitenciario y la complicidad interna. Más de 20 personas fueron procesadas por su salida irregular.
La respuesta del Gobierno fue inmediata pero también reveladora: ofrecer una recompensa de un millón de dólares por información que permita recapturar —o dar de baja— a Rolando Gómez Quinde, alias ‘Fede’, un cabecilla criminal que se fugó de la Penitenciaría del Litoral el pasado 21 de junio.
Alias Fede, considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país y líder del grupo criminal Las Águilas, se escapó con la supuesta complicidad de guías penitenciarios y militares, en medio de un traslado irregular que no estaba autorizado por el sistema carcelario. El presidente Daniel Noboa no dudó: “No fue un descuido, fue complicidad”.
Y no es la primera vez. La fuga de Fede se suma a una lista de escapes de alto perfil que reflejan las profundas grietas del sistema penitenciario. Un juez ya dictó prisión preventiva contra 22 personas, incluidos 19 miembros de las Fuerzas Armadas y dos funcionarios del SNAI, procesados por su presunta participación en la evasión.
Según la Fiscalía, Fede habría salido disfrazado con uniforme militar, por un área donde —casualmente— las cámaras de vigilancia no funcionaban. Una guía penitenciaria confesó haber entregado a cinco reos a militares, aunque solo cuatro regresaron. El quinto habría sido Fede, liberado sin registro ni control.
Mientras el Gobierno lanza una cacería con recompensa y etiqueta a Fede como “objetivo militar”, expertos y voces ciudadanas exigen reformas estructurales. La corrupción interna, los vacíos de control y la falta de protocolos reales convierten a las cárceles en terreno fértil para el crimen organizado.
Esta fuga no solo cuestiona la eficacia del sistema carcelario, sino la capacidad del Estado para retener a los criminales más peligrosos, incluso bajo custodia militar. Y esa falla —otra vez— ya tuvo consecuencias.
