El ministro fue llamado a comparecer ante la Comisión de Fiscalización, que indaga posibles irregularidades cometidas por jueces y fiscales en el ejercicio de sus funciones.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, alertó sobre una preocupante desconexión entre el trabajo de las Fuerzas Armadas y las decisiones de jueces y fiscales. Durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el ministro aseguró que muchos detenidos por presunta vinculación con grupos armados organizados son liberados casi de inmediato, incluso cuando fueron capturados en flagrancia.
Desde que el presidente de la República declaró el conflicto armado interno en enero de 2024, las Fuerzas Armadas han capturado a más de 6.000 presuntos integrantes de bandas criminales, cumpliendo con todos los procedimientos legales y entregándolos a las autoridades competentes. Sin embargo, la mayoría ha quedado en libertad en cuestión de horas o días, lo que ha generado preocupación dentro del Gobierno.
“El trabajo de los militares no está siendo respaldado por el sistema judicial”, afirmó Loffredo. Según el ministro, hay decisiones judiciales que no tienen lógica, y en algunos casos, incluso podrían estar vinculadas a corrupción dentro del sistema de justicia.
Loffredo mencionó que cada semana hay casos que evidencian esta situación, ampliamente cubiertos por los medios. Afirmó que muchos fallos judiciales responden a “pactos entre mafias, abogados sin escrúpulos y jueces o fiscales sobornados”, lo que representa una amenaza directa al país.
También advirtió que el crimen organizado ha ganado fuerza gracias a decisiones políticas del pasado, como aceptar dinero del narcotráfico, proteger a grupos irregulares y permitir la infiltración de delincuentes en la política. Esto, dijo, está pasando factura al Ecuador, donde las instituciones del Estado están siendo puestas a prueba.
Loffredo concluyó su intervención señalando que las Fuerzas Armadas no pueden enfrentar solas esta amenaza y que el país necesita con urgencia un sistema judicial fuerte, honesto y alineado con la lucha contra el crimen organizado, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, militares y policías.
