Oficialismo celebró inicio de Ley de Solidaridad, pero texto presenta fallas.
El pasado 7 de junio, los legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN), especialmente los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, celebraron la aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional, enfocada en temas relacionados con el conflicto armado.
Sin embargo, apenas diez días después de su aprobación y siete días después de que la ley entró en vigencia, la misma Comisión detectó un error importante en el texto. Por eso, están impulsando una reforma adicional dentro del proyecto urgente de Ley de Integridad Pública, que está en trámite en la Asamblea.
El problema está en la figura del llamado “indulto diferido”. Inicialmente, el presidente Daniel Noboa propuso un indulto “anticipado”, pero los legisladores modificaron la medida y la ampliaron. El indulto diferido consiste en suspender la prisión preventiva antes de la sentencia, pero solo entrará en efecto una vez que la sentencia sea definitiva.
El error radica en que, en la reforma penal que acompañó a la Ley de Solidaridad, esta nueva figura fue mantenida erróneamente como “indulto anticipado” dentro de las formas de extinción de la pena. Esto genera una contradicción entre la Ley de Solidaridad y la reforma al Código Integral Penal (COIP).
Para resolver esta incoherencia, la Comisión de Desarrollo Económico propone una reforma al artículo 72 del COIP, que cambiaría la expresión “indulto anticipado” por “indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno”.
Por lo tanto, será necesario esperar que esta nueva reforma urgente entre en vigencia para que las normas sean coherentes y aplicables correctamente.
Este nuevo indulto diferido solo podrá concederse por razones humanitarias o de interés público excepcional. Además, debe estar respaldado por elementos recopilados por la Fiscalía, que demuestren que el indultado no cometió delitos graves como corrupción, genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro o homicidio por motivos políticos.
La ley también aclara que este indulto especial no impedirá la investigación penal ni una eventual responsabilidad del Estado en violaciones al derecho humanitario.
