La creciente inseguridad en las escuelas se suma a las múltiples crisis que enfrenta el sistema educativo y deja en evidencia la urgencia de políticas integrales que prioricen la vida de los docentes.
La violencia también golpea las aulas. La ministra de Educación, Alegría Crespo, exhortó este martes a los docentes del país a denunciar casos de extorsión y amenazas a través de los canales oficiales habilitados por la cartera de Estado, con el fin de garantizar su protección.
Durante un evento en Manta, Crespo informó que hasta la fecha se han recibido 72 denuncias a nivel nacional, y aseguró que las autoridades trabajan diariamente para verificar y atender cada caso.
“La mayoría de los docentes no reporta lo que vive por miedo, lo cual limita nuestras posibilidades de intervenir oportunamente”, sostuvo la ministra, quien explicó que entre las medidas que actualmente se aplican está la sectorización: el traslado de profesores amenazados a otras instituciones educativas.
Pese a estos anuncios, los gremios docentes cuestionan la efectividad de las acciones. En la provincia del Guayas, la situación es crítica. La presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en esta jurisdicción, Gabriela Menéndez, reveló que cerca de 200 maestros han denunciado extorsiones en Guayaquil y Durán, presuntamente cometidas por bandas criminales.
El pasado 12 de junio, la UNE solicitó al Gobierno que declare una emergencia educativa en Guayas ante el incremento de estos delitos. Menéndez alertó que, en muchos casos, tras reportar amenazas, los maestros solo reciben una semana de clases virtuales antes de ser obligados a regresar a los mismos planteles donde fueron intimidados.
“Esa no es una solución real. Es un riesgo para su seguridad y para su vida. Se necesita un protocolo efectivo de protección y acompañamiento”, reclamó la dirigente.
Mientras tanto, el aula para cientos de maestros se ha convertido en un campo minado de incertidumbre y miedo. Las instituciones educativas están lejos de ser un refugio de oportunidades y se han convertido en centros para actividades delictivas de menores.
