Fiscales codician casos de extorsión por pagos de hasta $5.000 para liberar delincuentes.
Una reciente investigación periodística revelada por Teleamazonas ha sacudido la confianza en el sistema de justicia penal del Ecuador. Según el reportaje, dentro de la propia Fiscalía se libra una lucha silenciosa por los casos de extorsión y secuestro, considerados por algunos fiscales como oportunidades lucrativas, más que como deberes judiciales.
La razón: algunos fiscales estarían recibiendo entre $3.000 y $5.000 por liberar a los delincuentes involucrados en estos delitos. Lo que debería ser un proceso de justicia imparcial, se ha transformado —según fuentes internas— en un mercado donde se trafica con la libertad de los criminales a cambio de sobornos encubiertos.
Un fenómeno en crecimiento
Desde el año 2021, más de 13.000 denuncias por extorsión han sido registradas en Ecuador. Eso significa al menos 12 denuncias por día, una cifra alarmante que refleja el nivel de violencia, pero también el colapso institucional frente a la delincuencia organizada.
Lejos de actuar como un muro de contención, ciertas oficinas fiscales han sido señaladas por priorizar estos casos no por justicia, sino por el beneficio económico que pueden representar. Esto ha generado fricciones internas, competencia desleal entre fiscales y un profundo descrédito institucional.
¿Cómo operan?
Según testimonios recogidos por Teleamazonas, existen fiscales que buscan activamente encargarse de los casos de extorsión, incluso desplazando a colegas de turno o manipulando el sistema de asignación de casos. Una vez tienen el control del expediente, iniciarían acercamientos con los abogados de los procesados, intermediarios o redes criminales, para negociar decisiones favorables a cambio de dinero en efectivo.
El impacto en la ciudadanía
Para la ciudadanía, esta práctica representa un doble golpe: no solo sufren por la inseguridad, el miedo y las pérdidas económicas derivadas de la extorsión, sino que además ven cómo la justicia puede ser comprada. Esta percepción alimenta la desconfianza, el descrédito institucional y la sensación de impunidad.
¿Dónde están los controles?
Aunque la Fiscalía General del Estado ha reiterado su compromiso con la transparencia, hasta ahora no se ha informado públicamente de una investigación oficial abierta sobre estos presuntos actos de corrupción. La falta de control interno y la impunidad con la que algunos funcionarios actuarían, amenaza con convertir esta práctica en una estructura enquistada dentro del sistema judicial.
