Gobierno exige la renuncia de presidente de Segura EP por ilegalidades.
Durante el 10 y 11 de junio de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa y el Municipio de Guayaquil, liderado por Aquiles Álvarez, protagonizaron un tenso cruce de mensajes en redes sociales. El centro del conflicto: los contratos de la empresa municipal Segura EP para contratar seguridad privada en la ciudad.
El presidente de Segura EP, Fernando Cornejo, criticó al Sercop (Servicio Nacional de Contratación Pública) por recomendar que se declaren desiertos cuatro procesos de contratación por supuestas irregularidades. «Hoy parece que está mal tener agentes capacitados», dijo Cornejo, defendiendo la necesidad de reforzar la seguridad mientras la Policía no puede patrullar toda la ciudad las 24 horas.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El ministro del Interior, Jhon Reimberg, le lanzó un dardo directo: “Antes de criticar a la Policía, deberías enfocarte en tu trabajo, como aclarar quién apagó las cámaras de Segura EP antes del incendio en el Parque Samanes”.
El conflicto subió de tono cuando José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, exigió la renuncia de Cornejo por supuestos impedimentos legales para ocupar cargos públicos. Según Neira, Cornejo tiene más de 100 restricciones laborales en su historial.
«¿Quién le confía la seguridad a alguien que ni siquiera debería ejercer cargos públicos? ¡Esto ya no es un descuido, es cinismo institucionalizado!», escribió Neira en redes.
¿Qué pasó con los contratos?
El Sercop informó que encontró irregularidades en cuatro procesos de contratación realizados por Segura EP, que buscaban contratar servicios de seguridad fija y móvil para distintas zonas de Guayaquil. Por ello, recomendó suspenderlos.
Mientras tanto, el Municipio insiste en que su modelo de seguridad es urgente y costará más de 56 millones de dólares ante la falta de presencia del Estado.
