El uso indebido del 4×4 se ha convertido en un “mecanismo de contrabando legalizado con complicidad institucional”, denuncia el colectivo
En 2024, entraron a Ecuador 6,8 millones de paquetes bajo el sistema courier 4×4, casi el doble que en 2023. El auge de esta modalidad ha generado un duro impacto en la industria textil nacional, que perdió USD 82 millones en ventas el año pasado. El gremio denuncia el uso masivo e irregular del sistema y cuestiona la falta de controles, en medio de acusaciones que salpican incluso a empresas vinculadas a figuras políticas.
“Hay personas que trajeron hasta 21.926 paquetes en un solo año, cuando el límite es de USD 1.600 anuales por usuario. Esto ya no es consumo personal, es contrabando”, advierte Camilo Ontaneda, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE). Según un informe de la iniciativa Ecuatorianos Primero Siempre, el 88% de las importaciones 4×4 terminan vendiéndose sin pagar impuestos, lo que equivale a USD 460 millones de comercio informal en 2024.
El uso indebido del 4×4 se ha convertido en un “mecanismo de contrabando legalizado con complicidad institucional”, denuncia el colectivo. Han identificado que entre los mayores importadores hay personas con antecedentes por narcotráfico, estafa y lavado de activos.
A este escenario se suma una polémica silenciosa: entre las empresas que más se beneficiarían del nuevo arancel de USD 20 por paquete que regirá desde el 16 de junio, figura Empresas Pinto, una de las mayores del sector textil. En 2024, reportó ingresos por USD 15,8 millones. Lo que pocos mencionan es que entre sus accionistas estaría una figura política: la actual vicepresidenta de la República, vinculada también a Tejidos Pintex, empresa que adeuda más de USD 3,1 millones en jubilaciones patronales y USD 1,2 millones a la CFN.
“Que Pinto sea una de las más beneficiadas con los aranceles es una pequeñita coincidencia. No vayan a pensar mal, por favor”, ironiza uno de los denunciantes. Aunque no se ha pronunciado directamente, la vicepresidenta ha defendido la medida de protección al sector textil como una “política para apoyar la producción nacional”.
Mientras tanto, micro y pequeñas empresas siguen siendo las más golpeadas. De las 544 compañías activas en el sector textil, muchas han tenido que reducir su personal. En 2019 el sector empleaba a 167.854 personas; en 2024, la cifra cayó a 122.106.
El sector espera que la tasa frene el abuso del sistema, pero advierten que si no hay control real sobre los couriers, las bases de datos usadas para suplantar identidades y la evasión sistemática de impuestos, el problema seguirá afectando a la industria y beneficiando a unos pocos.
