¿En qué consiste los nuevos parámetros?
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el pasado 7 de junio de 2025 la Ley de Solidaridad Nacional, la primera ley urgente enviada por el Ejecutivo en este nuevo periodo legislativo. Con 84 votos a favor, esta norma genera polémica no solo por su enfoque de seguridad, sino por el cambio radical en cómo se trata el consumo de drogas en el país.
¿Qué cambia con esta nueva ley?
Aunque en un inicio no estaba contemplado en el proyecto, los legisladores incorporaron un tema espinoso: el consumo y tráfico de drogas. Y lo hicieron con fuerza. Estos son los puntos clave:
📉 Se elimina la famosa “tabla de consumo”. Ya no existen gramajes fijos para diferenciar entre consumidores y microtraficantes.
⚖️ Nada se presume. A partir de ahora, jueces y fiscales deben ordenar pericias toxicológicas y psicológicas para determinar si una persona consume por adicción o trafica.
👨⚕️ El Ministerio de Salud, Fiscalía y Consejo de la Judicatura deberán definir parámetros técnicos para cada caso.
🚫 El tráfico de drogas sigue castigado con fuerza: entre 5 y 13 años de prisión.
🧠 El Estado se compromete a desarrollar programas de rehabilitación para personas con consumo problemático.
¿Qué significa esto en la práctica?
Con la tabla eliminada, ya no hay una línea clara entre consumir y traficar. Ahora, todo queda en manos del sistema judicial, que tendrá que analizar caso por caso. Esto aumenta la discrecionalidad de jueces y fiscales, lo cual genera preocupación entre defensores de derechos humanos.
¿Más seguridad o más riesgos?
El Gobierno defiende la ley como un instrumento para enfrentar al crimen organizado, en un contexto de creciente inseguridad nacional. Según la vocera Carolina Jaramillo, esta norma «fortalece la lucha contra los grupos delincuenciales».
Pero activistas y expertos advierten que este enfoque podría criminalizar a consumidores ocasionales y personas con adicciones, al no haber una línea objetiva como antes. La posibilidad de detenciones arbitrarias crece si no hay garantías claras.
¿Y ahora qué?
La ley ya fue aprobada por la Asamblea y está en manos del presidente, quien puede ratificarla o vetarla. Mientras tanto, las reglas del juego ya cambiaron y Ecuador se alista para aplicar un modelo más punitivo, con una fuerte apuesta por la seguridad… y muchas preguntas sobre los derechos individuales.
