Nuevo giro en el caso de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.
La mañana del martes 27 de mayo de 2025, la esperada audiencia preparatoria de juicio por el Caso Triple A fue suspendida a menos de una hora de haber iniciado. El proceso, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, junto a 15 personas más y seis empresas, se centra en el presunto almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Nuevo equipo legal y audiencia interrumpida
El Complejo Judicial del Norte, en Quito, fue el escenario donde se instaló la diligencia poco antes de las 09:00. Alvarez llegó acompañado de su nuevo abogado, el penalista Ramiro García Falconí, exdecano de Jurisprudencia de la Universidad Central. Esta ya es la tercera defensa legal del alcalde; sus anteriores abogados renunciaron.
Sin embargo, el juez Renán Andrade suspendió la audiencia al detectar que el expediente estaba incompleto. Según informó la Fiscalía, aún se están ingresando documentos al caso.
Fiscalía bajo la lupa y expediente de 230 cuerpos
El juez además llamó la atención a la Fiscalía por instalar la audiencia sin contar con el expediente físico completo, que ya suma más de 230 cuerpos procesales.
La defensa de los procesados pidió formalmente el diferimiento de la audiencia, alegando falta de acceso a toda la documentación. Incluso la ARCH (Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos) —parte acusadora— coincidió en que no ha podido revisar todo el material.
El fiscal Carlos Alarcón solicitó una nueva fecha para la audiencia, comprometiéndose a completar el expediente en aproximadamente 20 días.
Medidas cautelares siguen firmes
Durante la diligencia, también se solicitó revisar las medidas cautelares impuestas a Alvarez. No obstante, el juez decidió no abordar ese punto por ahora. Así, el alcalde mantiene la orden de usar grillete electrónico, aunque ha alegado que no puede portarlo por razones médicas como hipertensión, taquicardia y problemas cardíacos.
Estas restricciones, impuestas el pasado 9 de abril, incluyen también la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la Fiscalía. Aunque la Fiscalía pidió prisión preventiva, el juez la negó en su momento.
Empresas bajo investigación
En el centro de la investigación están empresas vinculadas a Alvarez, como Copedesa, Corpalubri y Flonape S.A.. Según las autoridades, estas compañías habrían firmado convenios con gasolineras que vendieron combustibles sin cumplir los requisitos legales, especialmente en zonas fronterizas.
El Caso Triple A sigue avanzando y deja preguntas en el aire: ¿cuándo se retomará la audiencia? ¿Cambiarán las medidas cautelares? Y sobre todo, ¿qué tan profunda es la red de presunto tráfico de combustibles?
