El Ejecutivo defiende que se trata de una medida necesaria ante la expansión del crimen, juristas y organizaciones de derechos humanos piden más garantías
El Gobierno presentó con carácter urgente un nuevo proyecto de ley que «busca enfrentar al crimen organizado desde el bolsillo». La llamada Ley Económica Urgente de Criminalidad apunta a facilitar la incautación de bienes, reformar el Código Penal, y crear una agencia que administre lo decomisado al narcotráfico y la corrupción.
¿Qué busca esta ley?
Entre los principales objetivos que se han planteado están:
Agilizar la incautación de bienes: Se permitiría confiscar activos ligados al crimen incluso antes de una sentencia judicial firme.
Crear una Agencia de Bienes Confiscados: Esta entidad administraría los bienes incautados para evitar su deterioro o pérdida.
Reformar el COIP: Se incluirían penas más altas para delitos como lavado de activos y nuevas figuras penales para enfrentar el crimen organizado.
Fortalecer la cooperación internacional: El proyecto contempla mecanismos para compartir información y activos con otros países aliados en esta lucha.
¿Qué riesgos conlleva?
A pesar de sus intenciones, expertos advierten sobre varios puntos críticos:
Riesgo de abuso de poder: La incautación sin sentencia puede vulnerar el principio de presunción de inocencia.
Menos garantías legales: La discrecionalidad para actuar contra bienes de personas aún no condenadas podría afectar derechos fundamentales.
Instrumentalización política o mediática: Existe el riesgo de que estas herramientas se usen con fines de persecución o para generar impacto mediático más que eficacia real.
Débil institucionalidad: El país ya ha tenido problemas para manejar bienes incautados (como el caso Inmobiliar), y una nueva agencia sin controles estrictos podría repetir errores.
¿Es viable el equilibrio entre seguridad y derechos?
El debate está servido: mientras el Ejecutivo defiende que se trata de una medida necesaria ante la expansión del crimen, juristas y organizaciones de derechos humanos piden más garantías y control institucional. El reto será lograr un marco legal eficaz, pero respetuoso del debido proceso.
