En menos de una semana Guayaquil ha sido víctima de explosivos. Moradores de los sectores afectados viven en incertidumbre por la falta de seguridad y control.
La madrugada del viernes 16 de mayo, una fuerte explosión sacudió nuevamente el norte de Guayaquil. Esta vez fue en Samanes 2, donde una vivienda de dos pisos fue blanco de un ataque con artefacto explosivo. La detonación, que ocurrió cerca de las 03:00, no solo destruyó la fachada de la casa atacada, sino que dejó también daños en al menos cinco viviendas aledañas.
Ventanas hechas trizas, balcones destrozados, un vehículo afectado y el miedo generalizado fueron las secuelas más visibles de una violencia que se repite sin respuesta.
Lo más alarmante: esta es la segunda explosión en menos de 48 horas en la misma zona. Los moradores, que ya no duermen con tranquilidad, se preguntan qué está ocurriendo y hasta cuándo estarán expuestos a una violencia que parece no tener freno ni control.
“¿Quién me va a responder por todos estos daños?”, exclamaba una de las vecinas afectadas. Esa pregunta, aunque dirigida al vacío, debería resonar en los despachos del Municipio de Guayaquil, del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional.
Entre amenazas y explosivos
Testimonios de vecinos apuntan a una historia que las autoridades aún no confirman: el conflicto estaría relacionado con amenazas previas recibidas por uno de los inquilinos de la casa atacada.
En grabaciones captadas por cámaras de seguridad se observa a un grupo de jóvenes amedrentando y golpeando al inquilino días antes del atentado. Las imágenes también revelan cómo, minutos antes de la explosión, un joven lanza un artefacto explosivo y huye del lugar.
A pesar de la evidencia y del temor generalizado, ninguna autoridad ha emitido hasta ahora un pronunciamiento claro sobre los responsables o sobre las acciones concretas para prevenir nuevos ataques.
Un barrio atrapado en el abandono
La presidenta del comité barrial fue tajante: “Aquí las bandas están cobrando hasta cinco mil dólares mensuales por protección a los dueños de casas”. Esta afirmación, tan grave como reveladora, expone la fragilidad del control estatal en sectores residenciales de Guayaquil. La extorsión, una práctica mafiosa cada vez más frecuente, ha tomado forma en barrios donde antes predominaba la tranquilidad.
A pesar de las múltiples reuniones con autoridades municipales y policiales, los moradores siguen esperando soluciones. Mientras tanto, se gestiona la instalación de una Estación de Acción Segura (EAS), pero esa promesa como tantas otras aún no tiene fecha concreta.
¿Dónde están las respuestas?
Los ciudadanos de Samanes 2 no solo están enfrentando atentados, también lidian con la indiferencia institucional. No basta con reforzar patrullajes después de cada explosión. Se necesita una intervención estructural, que incluya inteligencia policial, protección comunitaria real y una política pública enfocada en recuperar territorios tomados por la violencia.
Guayaquil no puede acostumbrarse a despertar entre estallidos y escombros. Lo que ocurre en Samanes 2 no es un hecho aislado: es el reflejo de un país que ha perdido el control territorial en varios de sus barrios. Y mientras la violencia avanza, los moradores siguen preguntándose con razón: “¿Quién me va a responder por todo esto?”.
