En la zona de influencia del Alto Punino hay al menos 150 operaciones ilegales de minería aluvional
En la frontera entre las provincias de Napo y Orellana, se libra una guerra sin nombre. Una guerra que todavía no consta en los discursos oficiales, pero que está cobrando vidas, arrasando selva y por supuesto, poniendo al Estado en Jaque. En el Alto Punino, un sector remoto, al interior de la Amazonía ecuatoriana, el oro se ha convertido en la “nueva maldición”.
El asesinato de 11 militares en una emboscada el 9 de mayo por parte de los Comandos de la Frontera (CDF) fue el episodio más crudo de una violencia que ya se venía acumulando. Los CDF, un grupo armado surgido del desarme de las FARC en Colombia y vinculado al narcotráfico, cruzaron la frontera y se asentaron en Ecuador para controlar rutas y negocios ilícitos, incluyendo la minería (según informe militar).
Estimaciones del Ministerio de Energía indican que en esa zona hay potencial para extraer hasta 120 toneladas de oro, valoradas en más de 7.000 millones de dólares al precio internacional actual. Pero no hay proyectos legales en ejecución: todo se explota al fuera de la ley. La Alianza por los Derechos Humanos calcula que en la zona de influencia del Alto Punino existen al menos 150 operaciones ilegales de minería aluvional, muchas de ellas financiadas por redes criminales binacionales.
En los últimos cinco años, más de 1.660 hectáreas de selva han sido destruidas solo en esa zona. La minería opera dentro de áreas protegidas como el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras y en tierras indígenas kichwas, que denuncian amenazas, contaminación y desplazamiento.
No es la primera vez que la violencia golpea esa zona: ya en 2022, la comunidad de Yaapi denunció la presencia de hombres armados vinculados al tráfico de oro. En 2023, una patrulla militar fue atacada en la vía a Nueva Esperanza, pero el hecho no trascendió a nivel nacional.
Hoy, el Alto Punino es un territorio disputado por los CDF, pero también por mafias locales como Los Lobos y Los Choneros, que han diversificado su negocio hacia la minería, en vista de los réditos rápidos que ofrece. El oro, sin control, se funde, se comercializa por canales opacos y termina en los mercados internacionales.
Mientras tanto, el Estado apenas reacciona con operativos temporales que no logran desarticular el sistema criminal detrás de esta industria. Hay silencio oficial, poca presencia institucional y una población cada vez más vulnerable.
El caso del Alto Punino revela una verdad incómoda: así como la Amazonía ha sufrido por décadas las consecuencias del petróleo —con derrames, enfermedades y abandono estatal—, ahora sufre una nueva forma de extractivismo ilegal, más violenta, más descontrolada y con aliados armados.
