La noche del domingo 27 y la madrugada del lunes 28 de abril, fueron claves para conocer los últimos momentos de los cuatro chicos de las Malvinas.
La segunda reconstrucción del caso “Las Malvinas” ha expuesto con mayor claridad la violencia a la que fueron sometidos cuatro menores de edad, presuntamente secuestrados por miembros de las Fuerzas Armadas el pasado 8 de diciembre de 2024.
El procedimiento, realizado entre la noche del domingo 27 y la madrugada del lunes 28 de abril, también evidenció intentos de encubrimiento por parte de oficiales implicados.

Ismael Arroyo (15), Josué Arroyo (14), Saúl Nehemías Arboleda (15) y Steven Medina (11) fueron detenidos tras una supuesta alerta de robo. Según las versiones recogidas durante la diligencia, fueron trasladados a la zona de Taura, en el cantón Naranjal, donde habrían sido golpeados, obligados a desnudarse y amenazados con armas de fuego antes de ser abandonados en condiciones extremas. Días después, sus cuerpos fueron encontrados calcinados.
Durante el recorrido, que contó con la presencia de peritos, fiscales, abogados de derechos humanos y defensores de los acusados, uno de los procesados relató en el peaje de la vía Durán-Tambo cómo uno de los adolescentes fue obligado a subir a una camioneta y golpeado en la cabeza.

En esta reconstrucción también participó el teniente coronel Juan Francisco I. M., quien enfrenta cargos por su presunta participación en el encubrimiento del caso. Según la Fiscalía, tres días después de la desaparición de los menores, el oficial lideró un operativo irregular para recuperar prendas de las víctimas, las cuales fueron entregadas a la Unidad Antisecuestro (UNASE) sin respetar la cadena de custodia ni informar a la Policía ni al Ministerio Público.
Actualmente, 16 militares están bajo prisión preventiva por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de los adolescentes. Sin embargo, el teniente coronel continúa el proceso en libertad, pese a que enfrenta acusaciones de manipulación de evidencia y obstrucción a la justicia.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ha solicitado que se garantice el debido proceso y se priorice la verdad y la reparación para las familias, quienes no asistieron a esta diligencia, pero continúan exigiendo justicia.