Evolución de la inversión en educación, salud y seguridad (1998-2023)

1. Evolución de la inversión pública por sector

Educación: gasto como % del PIB y per cápita (1998-2023)

A finales de los 90, Ecuador dedicaba una fracción relativamente baja de su PIB a la educación pública, reflejo de la crisis económica de 1999-2000 que restringió el gasto social. Hacia 2006, el gasto público social total (que incluye educación) apenas alcanzaba 4,3% del PIB (documents1.worldbank.org). En 2007-2008 se inicia un fuerte aumento de la inversión educativa: la nueva Constitución de 2008 dispuso incrementos anuales de al menos 0,5% del PIB hasta alcanzar un 6% del PIB en educación básica y bachillerato (Salud y educación: Estado nunca ha cumplido la meta de la Constitución) (Salud y educación: Estado nunca ha cumplido la meta de la Constitución). Como resultado, el gasto en educación subió de aproximadamente 4% del PIB en 2009 (Salud y educación: Estado nunca ha cumplido la meta de la Constitución) a casi 6% del PIB en 2018, su punto más alto, acercándose a la meta constitucional (Salud y educación: Estado nunca ha cumplido la meta de la Constitución) (). Este aumento se tradujo también en mayor gasto per cápita: por ejemplo, en 2022 el gasto público en educación fue de USD 240 por habitante, un 20% más que el año anterior (Ecuador – Gasto público Educación 2022 | Datosmacro.com).

Sin embargo, tras 2014 el país enfrentó choques externos (caída del precio del petróleo) y ajustes fiscales. Desde 2017 se moderó la expansión del gasto educativo (documents1.worldbank.org) (documents1.worldbank.org). Durante la crisis por COVID-19, a pesar de esfuerzos por mantener el financiamiento, la proporción del PIB invertida en educación disminuyó. Según datos del Banco Mundial, la asignación a educación fue 4,3% del PIB en 2009 y cayó hasta 3,6% del PIB en 2022, lejos del 6% deseado (). En 2023, el presupuesto inicial para educación representó ~4,8% del PIB (2022) (Salud y educación: Estado nunca ha cumplido la meta de la Constitución). En resumen, Ecuador pasó de invertir en educación cerca de 2–3% del PIB a finales de los 90 a un pico cercano a 6% hacia 2013-2018, retrocediendo luego a niveles alrededor de 4% del PIB en la actualidad. Pese a ese retroceso, en términos absolutos el gasto anual en educación de 2022 (USD 4.196 millones) fue casi el doble del de 2008 (USD ~2.200 millones) (Ecuador – Gasto público 2023 | Datosmacro.com), evidenciando un crecimiento importante en las dos últimas décadas.

Salud: gasto como % del PIB y per cápita (1998-2023)

El gasto público en salud también se incrementó sustancialmente desde inicios de siglo. A finales de los 90, la inversión estatal en salud era muy limitada; en 2000 apenas se registraba 1,5% del PIB en salud pública ([PDF] Ecuador – World Bank Documents and Reports). Con la reforma de la salud y el reconocimiento del derecho a la salud en la Constitución de 2008, el presupuesto sanitario creció de forma sostenida. De hecho, la Constitución mandató elevar el gasto en salud hasta 4% del PIB (Salud y educación: Estado nunca ha cumplido la meta de la Constitución). En 2009 el presupuesto del Ministerio de Salud era equivalente al 1,7% del PIB (Salud y educación: Estado nunca ha cumplido la meta de la Constitución), pero con la inyección de recursos en la década siguiente, el gasto público total en salud (incluyendo Ministerio de Salud y seguridad social) superó el 5% del PIB hacia 2014-2016 (Presentación de PowerPoint) (Presentación de PowerPoint). Para finales de la década de 2010, Ecuador alcanzó niveles históricamente altos de gasto sanitario: en 2021 el gasto público en salud llegó a 5,28% del PIB (14,8% del gasto público total) (Perfil de país – Ecuador | Salud en las Américas), con un gasto per cápita cercano a USD 300 anuales. Este aumento fue posible gracias a los ingresos del boom petrolero 2010-2014 y a la prioridad dada a la salud pública (construcción de hospitales, contratación de personal, gratuidad de servicios).

La pandemia de COVID-19 de 2020 exigió además gastos excepcionales en salud. Si bien en 2020-2021 se destinó financiamiento extra para la emergencia, la contracción económica hizo que en 2022 el gasto público en salud bajara ligeramente a 4,9% del PIB (Presentación de PowerPoint) (Presentación de PowerPoint). Aun así, esto sigue muy por encima de los valores de inicios de siglo y supera el promedio latinoamericano (5,1% del PIB) (). En términos de presupuesto, Ecuador pasó de invertir alrededor de USD 800 millones anuales en salud a fines de los 90, a más de USD 5.600 millones en 2022 en el sector público (Presentación de PowerPoint) (Presentación de PowerPoint). La participación del Estado en el financiamiento de la salud aumentó considerablemente, reduciendo el gasto de bolsillo de los hogares (de 33,5% a 30,9% del gasto total de salud entre 2014 y 2018) ([PDF] Cuentas Satélite de Salud 2007-2019 Boletín técnico).

Seguridad: gasto público en defensa, policía y justicia (1998-2023)

La función seguridad (que abarca defensa nacional, orden público policial y sistema judicial) históricamente ha tenido una asignación significativa pero estable en el presupuesto ecuatoriano. Entre 1995 y 2005, el gasto en seguridad mostró una tendencia moderadamente creciente en términos nominales (de USD ~800 millones en 1995 a USD ~1.300 millones en 2006), pero como proporción de la economía se mantuvo alrededor de 3,5% del PIB en promedio (). En 2006, por ejemplo, la suma de los presupuestos de defensa, interior (policía) y justicia equivalía a 3,3% del PIB. Esa magnitud representaba aproximadamente 15% del gasto del Gobierno Central en aquel año, ligeramente menor que la cuota destinada a sectores sociales (que fue 24% del presupuesto en 2006)

Durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), aunque la prioridad principal fue la inversión social, la seguridad ciudadana también recibió atención: se fortalecieron las fuerzas policiales (incremento de efectivos y equipamiento) y se mantuvo una inversión constante en defensa. Según datos de 2023, el gasto en defensa por sí solo fue de ~2,3% del PIB (Ecuador – Gasto público Defensa | Datosmacro.com) (Ecuador – Gasto público Defensa | Datosmacro.com), cifra similar a la de años anteriores (2,2% en 2022). Si se añade el gasto en orden público (Ministerio del Interior/Policía) y justicia, el gasto total en seguridad bordea actualmente el 3–4% del PIB, alineado con el promedio histórico. No se observó un aumento tan marcado como en educación o salud; de hecho, la prioridad fiscal del sector seguridad tendió a disminuir ligeramente en comparación con el gasto social () (). En términos per cápita, el Estado ecuatoriano dedica en 2023 aproximadamente USD 150 por habitante a defensa (Ecuador – Gasto público Defensa | Datosmacro.com), y sumando policía y justicia el monto anual de inversión en seguridad ciudadana por habitante ronda los USD 90–100 (valores similares a los de mediados de los 2000).

Resumen cuantitativo: En el periodo 1998-2023, la inversión pública anual en educación creció de menos de 3% a cerca de 5% del PIB (con altibajos), en salud de ~1–2% a ~5% del PIB, mientras que en seguridad se mantuvo alrededor de 3% del PIB. Este cambio relativo refleja una decisión política de priorizar el gasto social, especialmente durante la década de 2007-2016, cuando el social pasó de ser aproximadamente la mitad del gasto en seguridad a superar claramente al gasto en seguridad dentro del presupuesto. De hecho, el gasto social (educación, salud, vivienda, protección social) se duplicó de 4,3% del PIB en 2006 a 8,6% en 2016 (documents1.worldbank.org), financiado por mayores ingresos petroleros y tributarios, mientras la participación de seguridad en el PIB se mantuvo estable o ligeramente menor en ese lapso.

2. Políticas gubernamentales implementadas por sector

El comportamiento del gasto en estos sectores está íntimamente ligado a las políticas públicas adoptadas en las últimas dos décadas. A continuación, se revisan las principales reformas y programas en cada ámbito y cómo impactaron la asignación de recursos:

Políticas en Educación

En 1998 se promulgó la Ley de Educación vigente en esa época, pero la crisis económica limitó su implementación. A partir de 2006, Ecuador lanzó el Plan Decenal de Educación 2006-2015, orientado a mejorar cobertura, calidad y infraestructura. Con la llegada del gobierno de la Revolución Ciudadana (2007), la educación pública se definió como pilar del Buen Vivir. La Constitución de 2008 garantizó la gratuidad de la educación hasta el nivel superior de tercer grado y, como ya se mencionó, estableció metas presupuestarias (6% del PIB) para financiarla (Salud y educación: Estado nunca ha cumplido la meta de la Constitución) (Salud y educación: Estado nunca ha cumplido la meta de la Constitución). Para cumplir estos objetivos, se implementaron varias políticas: aumento salarial docente y profesionalización, construcción de escuelas llamadas “Escuelas del Milenio” dotadas de moderna infraestructura, y ampliación de la jornada escolar. También se crearon cuatro universidades emblemáticas (Yachay, Ikiam, Unae, Univesidad de las Artes) y se destinaron recursos significativos a la educación superior y la investigación. Estas inversiones hicieron que el gasto educativo alcanzara proporciones históricas del presupuesto (más del 14% del gasto público en 2018) (Ecuador – Gasto público 2023 | Datosmacro.com).

Además, se implementaron programas de becas y ayudas estudiantiles, así como una reforma curricular integral. Un enfoque importante fue la inclusión: por ejemplo, se fortaleció la educación intercultural bilingüe para pueblos indígenas y se ampliaron las escuelas rurales, reduciendo brechas urbano-rurales. Hacia finales de la década de 2010, con la presión fiscal, el gobierno de Lenín Moreno contuvo el crecimiento del gasto educativo; se racionalizaron ciertos programas y en 2019 se suspendió la construcción de nuevas “Escuelas del Milenio”. Sin embargo, la mayoría de políticas previas se mantuvieron operativas en busca de consolidar los logros educativos alcanzados.

Políticas en Salud

El sector salud también fue objeto de profundas reformas. A inicios de los 2000, el sistema público estaba fragmentado entre el Ministerio de Salud (atención universal básica) y el IESS (seguro social para trabajadores formales), con coberturas limitadas. En 2001 se expidió la Ley del Seguro Social Obligatorio, ampliando gradualmente la afiliación de trabajadores independientes al IESS (World Bank Document). No obstante, el gran impulso vino después de 2007: la Constitución de 2008 declaró a la salud como derecho humano y responsabilidad estatal, mandatando salud gratuita universal. El Ministerio de Salud Pública (MSP) eliminó progresivamente los cobros por servicios (consulta, partos, emergencias) y lanzó el Modelo de Atención Integral en Salud, con énfasis en prevención y atención primaria comunitaria.

Para ejecutar estos cambios, entre 2007 y 2016 el gobierno construyó o renovó más de 50 hospitales y cientos de centros de salud primarios (World Bank Document), equipándolos con tecnología moderna. Se implementó el programa “Médico del Barrio” para brindar atención preventiva domiciliaria en comunidades vulnerables. También se estableció un sistema nacional de emergencias médicas (ECU-911) que integró ambulancias y hospitales a la respuesta de urgencias. En cuanto a la salud pública, se reforzaron campañas de vacunación, nutrición y control de enfermedades transmisibles. Estos esfuerzos estuvieron respaldados por un crecimiento del gasto sanitario que incluso superó la meta constitucional de 4% del PIB algunos años (World Bank Document). Un ejemplo de política emblemática fue el Programa de Maternidad Gratuita, que garantizó atención prenatal, parto institucional y postparto sin costo, contribuyendo a reducir la mortalidad materna. Adicionalmente, durante la pandemia de COVID-19 (2020-21) el gobierno implementó planes de emergencia: incremento temporal de presupuesto, contratación de personal de salud, compra masiva de insumos médicos y uno de los planes de vacunación más extensos de la región en 2021.

Políticas en Seguridad Ciudadana

En el ámbito de la seguridad, Ecuador desarrolló diversas estrategias de seguridad ciudadana a lo largo de estos 25 años. Tras una ola de delincuencia a finales de los 90, a inicios de los 2000 se implementó el Plan Nacional de Seguridad (2003) que buscaba modernizar la Policía Nacional y promover la participación ciudadana (comités barriales de seguridad). No obstante, la falta de recursos frenó su alcance. Durante el gobierno de Correa, con mejor situación fiscal, se emprendieron reformas más profundas: se reorganizó la Policía tras la crisis institucional de 2010 (motín policial), aumentando salarios y equipamiento para mejorar la disciplina y efectividad. También se crearon unidades especializadas como la Policía Comunitaria y se implementó la videovigilancia a gran escala mediante el sistema ECU-911 (cámaras de seguridad en ciudades interconectadas a centrales de monitoreo).

Otro eje fue el fortalecimiento del sistema de justicia penal: el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de 2014 reformó tipos penales y endureció sanciones para delitos violentos y crimen organizado, en respuesta al auge del narcotráfico en la región. Asimismo, se invirtió en nuevas infraestructuras carcelarias (centros de rehabilitación social) buscando aliviar hacinamiento y mejorar la rehabilitación, aunque con resultados mixtos. En cuanto a defensa, las Fuerzas Armadas orientaron parte de sus funciones al apoyo de la seguridad interna (por ejemplo, controles fronterizos para frenar el tráfico de drogas y armas). Políticas sociales preventivas, si bien no son de “seguridad” directamente, también se consideraron parte de la estrategia: se entendió que mayor inversión en educación, empleo y reducción de pobreza tiende a disminuir la delincuencia a mediano plazo (). Por ello, los planes nacionales de desarrollo (PNBV 2009-2013 y 2017-2021) plantearon la seguridad ciudadana como un objetivo integral ligado al mejoramiento de las condiciones de vida.

En años recientes, ante el auge de la violencia criminal (2019-2023) relacionado con el narcotráfico internacional, el gobierno ha anunciado nuevas medidas: estado de excepción en provincias con alta criminalidad, militarización temporal de puertos y cárceles, depuración policial y cooperación internacional en inteligencia. Sin embargo, estas políticas aún están en curso y su impacto se verá con el tiempo.

3. Impacto de la inversión en indicadores clave

La evolución del gasto público en estos sectores ha tenido efectos tangibles en el desarrollo social de Ecuador, reflejados en diversos indicadores de resultados.

Impacto en Educación: cobertura y calidad

El aumento de la inversión educativa se asocia con mejoras sustanciales en la escolarización. La educación básica (primaria) alcanzó prácticamente la universalización en la última década: las tasas netas de matrícula en primaria se mantuvieron cerca del 95-97%. Más notable ha sido el progreso en los niveles superiores: la tasa neta de matriculación en secundaria pasó de cerca del 50% en 2007 a 69% en 2017, es decir, aumentó 19 puntos porcentuales (World Bank Document) (World Bank Document). De igual modo, la matrícula en educación terciaria (universitaria) se incrementó en 14 puntos porcentuales en ese periodo (World Bank Document) (World Bank Document), favorecida por la gratuidad y ampliación de cupos universitarios. El promedio de años de escolaridad de la población también subió: entre 2007 y 2022 aumentó 16,2%, alcanzando 9 años de escolaridad promedio (Perfil de país – Ecuador | Salud en las Américas) (Perfil de país – Ecuador | Salud en las Américas). La alfabetización de jóvenes y adultos llegó a niveles altos (96% en 2022) (Perfil de país – Ecuador | Salud en las Américas), cerrando la brecha que existía en zonas rurales.

En términos de calidad educativa, los resultados son más discretos pero muestran algunos avances. Ecuador comenzó a participar en evaluaciones internacionales (SERCE, TERCE de UNESCO) y, aunque partía de niveles bajos en aprendizaje, registró mejoras modestas en lenguaje y matemáticas en primaria durante la década de 2010. La inversión en capacitación docente y dotación tecnológica (por ejemplo, distribución de textos gratuitos, laboratorios de computación en escuelas) contribuyó a mejorar el ambiente educativo. No obstante, persisten desafíos: evaluaciones como PISA-D 2018 mostraron que el rendimiento promedio de los estudiantes ecuatorianos aún estaba por debajo del promedio regional, evidenciando que los aumentos de cobertura no siempre implicaron calidad equivalente. Aun así, mayores recursos han permitido reducciones en la desigualdad educativa: las brechas de asistencia entre áreas rurales y urbanas, y entre quintiles de ingreso, se estrecharon en la última década. En síntesis, la inversión en educación se ha traducido en más niños y jóvenes en las aulas por más tiempo y con mejores insumos, sentando bases para mejoras de capital humano a futuro.

Impacto en Salud: cobertura, esperanza de vida y mortalidad

Los efectos de la mayor inversión en salud son visibles en la mejor salud de la población. La esperanza de vida al nacer aumentó de 72,1 años en 2000 a 77,6 años en 2024, un salto de 5,5 años (Perfil de país – Ecuador | Salud en las Américas) (Perfil de país – Ecuador | Salud en las Américas), superando el promedio de América Latina. Este avance se relaciona con la expansión de los servicios de salud y mejoras socioeconómicas generales. La creación de nuevos hospitales y centros permitió ampliar la cobertura de atención médica: la proporción de la población con seguro de salud (ya sea IESS, seguro campesino o MSP) creció del 28% en 2006 a 41% en 2014 (World Bank Document), y continuó en ascenso en años posteriores. Esto significa que decenas de miles de ecuatorianos antes excluidos pasaron a recibir servicios regulares. Por ejemplo, la cobertura de atención prenatal (al menos 4 controles) subió de 57,5% (2004) a 79% (2013) (Perfil de país – Ecuador | Salud en las Américas), y el parto institucional atendido por personal capacitado alcanzó 97% en 2021 (Perfil de país – Ecuador | Salud en las Américas) – factores clave para la salud materno-infantil.

Consecuencia de ello, los indicadores de mortalidad muestran mejoras dramáticas. La mortalidad infantil (niños <1 año) cayó aproximadamente a la mitad: de 15,5 por cada 1.000 nacidos vivos en 2000 a 7,8 por mil en 2020 (Perfil de país – Ecuador | Salud en las Américas) (Perfil de país – Ecuador | Salud en las Américas), reflejando un descenso del 49,7%. La mortalidad en menores de 5 años también disminuyó de 28 a 21 por mil entre 2006 y 2014 (World Bank Document), gracias a mejores condiciones sanitarias y nutricionales. La mortalidad materna tuvo una reducción significativa del 45% entre 2000 y 2020 (Perfil de país – Ecuador | Salud en las Américas), atribuible a la mejora en la atención del parto y emergencias obstétricas. En cuanto a enfermedades prevenibles, la cobertura de vacunación infantil (ej. sarampión) aumentó durante la época de mayor gasto (2008-2015) alcanzando >90%, si bien sufrió una leve caída posteriormente (74% en 2022) (Perfil de país – Ecuador | Salud en las Américas) (Perfil de país – Ecuador | Salud en las Américas), aspecto a reforzar. La incidencia de enfermedades infecciosas y endémicas (como malaria, tuberculosis) también tendió a disminuir con el fortalecimiento de la salud pública, aunque algunos problemas (dengue, tuberculosis) persisten.

Otro logro vinculado a la mayor inversión es la reducción del gasto de bolsillo de las familias en salud, al ampliarse la gratuidad. Menos ecuatorianos se ven empujados a la pobreza por gastos médicos catastróficos. Esto se refleja indirectamente en la disminución de la pobreza extrema y la mejora del Índice de Desarrollo Humano del país (que subió 11,8% entre 2000 y 2022) (Perfil de país – Ecuador | Salud en las Américas). En suma, el robusto financiamiento de la salud pública en la época 2007-2016 correlaciona con una población más longeva y más sana: más niños sobreviven al primer año de vida, más madres sobreviven al parto y la gente vive más años libre de enfermedades prevenibles. Los retos actuales pasan por sostener esos logros en un contexto fiscal más austero y abordar nuevos problemas como el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles.

Impacto en Seguridad: criminalidad y orden público

El vínculo entre gasto en seguridad y resultados en criminalidad es complejo, pues depende de múltiples factores sociales. No obstante, se pueden identificar tendencias: a finales de los 90, Ecuador sufrió un incremento de la violencia común y organizada, con una tasa de homicidios que llegó a 13-18 por 100.000 habitantes en 1998-2001 (Ecuador – Homicidios Intencionados 2023 | Datosmacro.com) (Ecuador – Homicidios Intencionados 2023 | Datosmacro.com). La respuesta institucional a inicios de los 2000 fue limitada, y la delincuencia siguió alta (pico de 18 homicidios por 100k en 2008) (Ecuador – Homicidios Intencionados 2023 | Datosmacro.com) (Ecuador – Homicidios Intencionados 2023 | Datosmacro.com). Con la mejora económica y la mayor inversión social en la década de 2010, esa tendencia se revirtió notablemente: la tasa de homicidios descendió a su mínimo histórico de ~5,8 por 100k en 2017-2018 (Ecuador – Homicidios Intencionados 2023 | Datosmacro.com) (Ecuador – Homicidios Intencionados 2023 | Datosmacro.com). Es probable que varios factores contribuyeran a esta mejora en seguridad ciudadana, entre ellos el aumento del pie de fuerza policial, mejores equipos (patrulleros, cámaras de vigilancia) y programas de prevención social del delito en barrios vulnerables, posibles gracias al mayor gasto público. Adicionalmente, como señalan expertos, los beneficios sociales (educación, salud, empleo) pueden haber jugado un rol preventivo importante en la reducción de la inseguridad, al atacar causas estructurales de la delincuencia.

Indicadores de criminalidad como los robos y asaltos también mostraron descensos durante la primera mitad de la década de 2010, según datos policiales, aunque la cifra negra dificulta la medición exacta. Por otro lado, la percepción de seguridad mejoró: encuestas ciudadanas registraron una caída en la proporción de personas que se sentían inseguras en su barrio entre 2009 y 2015. El periodo de mayor inversión social (y estabilidad política) coincidió así con el periodo de menor criminalidad registrada en la historia reciente ecuatoriana.

No obstante, desde 2019-2020 Ecuador enfrenta una nueva ola de violencia ligada al crimen organizado transnacional (narcotráfico), que ha hecho repuntar dramáticamente la tasa de homicidios pese al mantenimiento (e incluso incremento) del gasto en seguridad. De 5.8 por 100k en 2018 se saltó a 27,4 en 2022 y más de 45 por 100k en 2023, situando a Ecuador entre los países más violentos de la región (Ecuador – Homicidios Intencionados 2023 | Datosmacro.com) (Ecuador – Homicidios Intencionados 2023 | Datosmacro.com). Este recrudecimiento obedece a factores como disputas de bandas por rutas de droga, que desbordan la capacidad de contención tradicional. Muestra que la eficacia del gasto en seguridad no solo depende de la cantidad invertida sino de la estrategia: en años recientes, a pesar de recursos similares, los cuerpos de seguridad se han visto sobrepasados por modalidades criminales más letales (ejecuciones, sicariato, extorsión). Aun así, sin la inversión realizada en años anteriores en fortalecimiento policial, la situación podría ser aún peor. Cabe destacar también que el fortalecimiento institucional (nuevo COIP, mejor equipamiento) ayudó a que Ecuador tuviera durante un buen tiempo una de las tasas de homicidio más bajas de Latinoamérica hacia 2015-2018 (Análisis de la relación de los homicidios y el desempleo en Ecuador …), demostrando que las políticas integrales de seguridad ciudadana dieron frutos mientras las condiciones sociales y del entorno fueron favorables.

En resumen, el impacto de la inversión en seguridad muestra resultados contrastantes: primero, una reducción de la delincuencia y mayor control durante la bonanza social de 2007-2015, y luego un deterioro abrupto desde 2020 por amenazas emergentes no directamente proporcionales al gasto. Esto refuerza la idea de que la seguridad sostenible requiere no solo presupuesto en policías y militares, sino también políticas sociales complementarias que eliminen los incentivos hacia la criminalidad. Los años de menor violencia en Ecuador coincidieron con aquellos de mayor inclusión social.

4. Visualización de tendencias en gasto e indicadores

Para ilustrar las tendencias discutidas, a continuación, se presentan algunas visualizaciones de datos relevantes.

Evolución de la tasa de homicidios intencionales en Ecuador (por 100.000 habitantes), 1998-2023. Obsérvese el descenso consistente entre 2009 y 2017, seguido de un pronunciado incremento a partir de 2019 (Ecuador – Homicidios Intencionados 2023 | Datosmacro.com) (Ecuador – Homicidios Intencionados 2023 | Datosmacro.com).