1.244 empleados públicos despedidos seguirán afuera

Desde el 25 de julio de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa ha despedido a 1.244 servidores públicos con nombramiento permanente como parte de un plan de eficiencia administrativa para reducir gasto público. Las desvinculaciones se realizaron mediante supresión de puestos, basándose en una norma laboral vinculada a la Ley de Integridad Pública, que posteriormente fue declarada inconstitucional el 26 de septiembre.

Según la Ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, la sentencia de la Corte no tiene efecto retroactivo, por lo que los 1.244 funcionarios no podrán volver a sus puestos. La supresión de puestos está amparada en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), que no fue modificado por la Ley de Integridad. La norma técnica derogada solo establecía los fundamentos para los despidos; ahora se vuelve al artículo original de la Losep.

Costos y entidades afectadas 

Estas desvinculaciones han generado USD 25 millones en indemnizaciones. La mayor cantidad de despedidos se registró en el Ministerio de Educación (100 personas), seguido de entidades fusionadas o absorbidas como:

• Secretaría Nacional de Planificación

• Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

• Ministerio de Ambiente

• Ministerio de Energía

Otros funcionarios despedidos laboraban en Presidencia, agencias de control, puertos, SENAE, SRI y diversos ministerios. En total, las indemnizaciones por estos recortes ascendieron a USD 3,6 millones solo en Educación.

Contexto del plan de eficiencia administrativa 

El Gobierno busca optimizar recursos públicos mediante la fusión o absorción de entidades, estrategia que comenzó a mediados de agosto de 2025. Estas medidas forman parte de un plan más amplio para reducir el gasto y mejorar la eficiencia del sector público, aunque la aplicación de la Ley de Integridad quedó anulada por la Corte Constitucional.

Entidades con mayor cantidad de despedidos 

Desde el 25 de julio al 26 de septiembre de 2025. Monto en USD millones.